Nuevamente este hecho evidencia el salvajismo e irrespeto a los derechos humanos que el régimen dictatorial de Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez, efectúan cumpliendo órdenes de la oligarquía.
La investigación realizada por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) y los informes que transmitió la radio emisora Progreso en el departamento de Yoro revelan que las viviendas de los habitantes fueron incendiadas por efectivos policiales y de la milicia.
Los testimonios de las victimas describen que los órganos de represión del régimen llegaron al lugar incinerando todo lo que encontraban a su paso, destruyendo sus plantaciones, alimentos y bicicletas.
Las fuerzas de represión comenzaron el desalojo a las seis y media de la mañana del viernes 8 de enero, específicamente en las zonas de El Despertar, Suyapa y Guanchias, según las declaraciones vertidas por el miembro del Frente de Resistencia de la ciudad de Tocoa, Colon Wilfredo Paz, quien denunció el hecho a través de radio Progreso.
Paz, calificó este acontecimiento como una autentica cacería humana, puesto que los militares y policías persiguieron a los campesinos por los palmares de la zona que están diseminados en un área aproximada de 50 kilómetros.
Wilfredo Paz afirmó a la radio Progreso que la represión acabo con las pocas pertenencias que poseían los campesinos. El operativo militar se efectuó de tal forma, que acorralaron a las personas en un área donde solo podían salir hacia el mar Atlántico.
El informe del ERIC revela que un grupo de 25 mujeres y varias personas de la tercera edad, fueron hostigadas por miembros del ejército, ya que utilizaron bombas lacrimógenas para afectar su salud con el objetivo de apresarlos (as).
Estos hechos violentos dejaron al menos 20 personas heridas y 17 detenidos que fueron llevados al decimo quinto batallón de infantería de Río Claro. Según el ERIC se reportó el fallecimiento de tres campesinos, sin embargo se desconoce la identidad de los fallecidos.
Algunas de las personas detenidas son: Jorge Flores, Ervin Portillo, Salvador Flores, Antonio Rivas, Mauricio Méndez, Santos José Ramírez, Andrés Antonio García, Walter Antonio Rivas, Lázaro López, Fredy García, José Antonio Hernández, Emilio García, Daniel Hernández, Salomón García, Rafael Alvarado, Brenda García, Elsa Santos, Santos Antúnez, Reina Aguilar, Mario Aguilar, Doris Aguilar, Alba Luz Aguilar y una persona que responde al nombre de Lucas, pero se desconoce su apellido.
Este listado que fue proporcionado por el comunicador de la red FIAN, Javier Acevedo quien también reporta que existen tres o cuatro menores detenidos lo que comprueba el irrespeto de todas las normas de detención que deben aplicar las autoridades competentes.
En medio de esta clara violación a los derechos humanos, el vocero del decimo quinto Batallón de Infantería, subcomisionado Sauceda aseguraba ante los medios de comunicación masiva que el desalojo se había efectuado de forma pacífica y atendiendo a una orden judicial emitida por el Juzgado del Municipio de Trujillo, en el departamento de Colon.
Sauceda negó la existencia de detenidos y declaró que se habían desalojado a los habitantes que ocupaban tres hectáreas de tierra, no obstante la realidad fue diferente a lo que aseguró este subcomisionado, puesto que el testimonio monitoreado a través de una llamada que realizó un campesino a radio Progreso, manifestaba que hacía un llamamiento a la paz hacia los militares y policías que agredían a los pobladores.
El campesino afectado suplicaba que dejaran la persecución y pedía que les dejaran la tierra que les pertenece como hondureños.
Las tierras en donde se efectuó el violento desalojo pertenecen a los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo canales, según el resultado de la investigación que desarrollo el ERIC.
De Facussé ya se tienen reportes similares efectuados en la Isla Zacate Grande, situada en el departamento de Valle en el Golfo de Fonseca.
La represión contra los líderes del Aguan consiste en enjuiciamientos por usurpación de tierras hasta acciones que atentan contra su integridad física.
Según el ERIC la inteligencia militar desarrolla operativos especiales, cuya característica es que llegan efectivos de la milicia vestidos de civil para tomar fotografías a los dirigentes de la zona con la intención de hacer un perfil de los mismos.
Se prevé que para el próximo jueves se continuará con el desalojo en la margen derecha del río Aguan.
El último hecho irregular que se había reportado fue el pasado 16 de diciembre, cuando dos dirigentes campesinos del Movimiento Unificado del Aguán fueron abordados por un vehículo sin placas y llevados a una posta policial, según el informe emitido por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC).
Leonel Casco Gutiérrez Ronnie Huete Salgado
Coordinador del observatorio DDHH CLAI Comunicador del observatorio DDHH CLAI