“El gobierno busca la buena comunicación, el diálogo y la cooperación con todos nuestros hermanos centroamericanos. Sin embargo, seremos recíprocos a las acciones que se tomen en contra de nuestro país”, dijo el ministro de Comercio del Gobierno interino de Honduras, Benjamín Bográn.
Los ocho países integrantes del ALBA suscribieron sin excepción el acuerdo solicitado por la ex ministra hondureña, Patricia Rodas, en representación del presidente depuesto, Manuel Zelaya, que demandaba la imposición de un conjunto de sanciones de tipo económico y duras restricciones al comercio hondureño, según informó ‘El Heraldo’.
Asimismo, Brogán apuntó que “cualquier amenaza en contra de Honduras está superada, porque en este momento se desarrolla un proceso de diálogo que debe ser respetado y no entorpecido por este tipo de acciones”.
El ministro puntualizó que las amenazas proferidas por los distintos miembros del ALBA frente a la crisis de Honduras “constituyen una intromisión en los asuntos internos que por su naturaleza no deben ser trasladados al ámbito internacional”, debido al peligro de que generen “expresiones hostiles y contrarias al derecho”.
EL CASO DE NICARAGUA
Brogán prestó especial atención al apoyo concedido por Nicaragua a esta medida y señaló que “más del 50% de las exportaciones ‘nicas’ transitan por territorio hondureño” y planteó el interrogante de qué ocurriría con la balanza comercial de este país si Honduras decidiera cerrar sus fronteras con Nicaragua.
En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, indicó que si Nicaragua impone sanciones en contra de Honduras, se implantará de nuevo el sistema de cobro de peaje a los vehículos procedentes de Nicaragua que transiten por las carreteras locales hondureñas. Dicho pejae encarecería el precio de los productos que circulasen por estas vías, incluidos los destinados al consumo estadounidense.
“Somos un buen mercado para las carnes, lácteos y otros alimentos que son producidos en el vecino país y que son consumidos en Honduras o transitan hacia El Salvador y Guatemala”, explicó Facussé.
El presidente de ANDI, agregó también que el Gobierno interino prepara una serie de acciones judiciales contra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por bloquear los desembolsos y créditos a Honduras y obtaculizar, con esto, el desarrollo de los proyectos en ejecución.
“Las demandas se incoarán debido a los daños y perjuicios provocados por el BCIE a los sectores público y privado del país; los daños generados son cuantiosos”, subrayó Facussé.
Asimismo, Facussé indicó que el BCIE ha contado con el tiempo necesario para corregir, las acciones emprendidas el pasado 29 de junio, cuando los presidentes de las naciones miembros del Sistema de Integración centroamericana (SICA) ordenaron a la entidad bancaria suspender los desembolsos a Honduras, como represalia por la sucesión presidencial.