El taller denominado “Intercambio de experiencias sobre mecanismos de seguridad de protección para defensores y defensoras de derechos humanos”, coordinado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fue el marco para el encuentro hasta donde llegaron de varios zonas de Honduras.
A través del trabajo en grupo identificaron las amenazas con las que se encuentran en las que destacan todo el sistema de justicia, los cuerpos de seguridad del Estado y personajes involucrados en violaciones a derechos humanos, entre ellos Billy Joya Améndola.
Xabier Zabala, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que la instancia a la que pertenece fue creada precisamente para apoyar a las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y que están en riesgo inminente.
La organización realiza seguimiento de los casos para determinar qué agente del Estado es el que genera la impunidad por el hecho de actuar con negligencia al no investigar los hechos que dan origen a las amenazas.
Mientras Luís Rocca, de la Comisión de Derechos Humanos del Perú, relató ante el riesgo en que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país, se han echado a andar estrategias de protección, pero a la vez un trabajo de identificación de los responsables de poner en riesgo las vidas de estas personas. La investigación llega hasta publicar los rostros y nombres de los implicados.
En Honduras, las denuncias presentadas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre ellas las de Carlos H. Reyes, líder sindical y candidato independiente a la presidencia de la República y la de Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que fueron objeto de serias amenazas contra sus vidas, unos días antes del golpe de Estado, están en el baúl del olvido, no se hizo nada para investigar la procedencia de la inseguridad y esa impunidad trajo como consecuencia más amenazas, incrementadas en el golpe de Estado.
La actuación del CONADEH no es diferente a la que ha practicado la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, hasta donde han llegado diversas denuncias que demuestran la precariedad en la que se encuentra la seguridad de líderes sindicales, obreros, de derechos humanos, así como de personas que han sido víctimas de la brutalidad policial-militar, que incluso hasta ha terminado con sus vida, pero la respuesta de esta instancia ha sido nula.
La avalancha de medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de decenas de personas que han sido víctimas de persecución, son la muestra de que los hondureños y hondureñas vivimos en un estado de indefensión, sin respuestas de ninguna entidad que fue creada para proteger los derechos humanos en el país.
Aunque la CIDH otorgó las medidas y dio un plazo perentorio al Estado hondureño para su implementación, hasta ahora no hay por parte de las entidades estatales una respuesta que conlleve proteger la integridad física de los y las beneficiarias.
Necesidad de hacerle un bloque a la impunidad
La instancia E-defender, que ya está creada, será la que sirva de base para la constitución de una plataforma para la defensa de los y las defensoras de derechos humanos.
Esta plataforma va encaminada a hacerle frente a la impunidad y buscar mecanismos de auto protección desde las propias organizaciones para éstas y personas individuales que luchan por los derechos humanos en todas sus generaciones.
La creación de esta instancia hará más fácil la tarea de autoprotección de las personas que a diario arriesgan sus vidas para proteger los derechos humanos de otras personas, ante el asedio que sufren por parte de los cuerpos de seguridad, otros agentes del Estado y de grupos paramilitares que han sido creados para que no puedan ser reconocidos los responsables.
A los grandes obstáculos que se enfrentan los defensores y defensoras en Honduras, es al rompimiento de la institucionalidad con el golpe de Estado, esto les tiene en peligro inminente y en una lucha constante para denunciar al mundo lo que está ocurriendo en el país, situación que ha hecho retroceder a la nación unos 30 años en materia de Derechos Humanos.