CASO INCEHSA
Delito: Abuso de Autoridad
Imputado: El Exgerente General de Incehsa, Manuel Carcamo
Perjudicado: La Admnistración Pública
Hechos: La Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, efectuó una auditoría de impuestos a la empresa Industria Cementera de Honduras, S. A., Incehsa, por la que se dedujo una responsabilidad por la cantidad de Ciento Treinta y dos millones de lempiras (132,000,000).
Por órdenes superiores de la DEI a los auditores se les instruyó a rebajar el monto y lo dejaran en nada más que en Nuve Millones de Lempiras(LPS. 9,000,000). Luego de la investigación realizada se elaboró un proyecto de requerimiento fiscal que le fue presentado a las autoridad superior del Ministerio Público, y pese a que se aduce que no existen documentos originales, hasta la fecha no se han efectuado las acitividades necesarias para deducir responsabilidades pensales por la pérdida de los documentos públicos donde se encuentran plasmados el Delito de Defraudación Fiscal en perjucio de la economía. Con estas omisiones deliberadas de parte de la Fiscalía General, no se ha dado la importancia debida a este caso en que se le están arrebatando al Estado de Honduras, más de Ciento Vienticinco Millones de Lempiras ( 125,000.000).
Lo mas evidente en este caso es que el Abogado Manuel Carcámo era apoderado legal legal de Incehsa cuando se efectuó la auditoría,y después, en forma sorpresa fue nombrado como Director de la DEI, y en el ejercicio del cargo despidió al personal que realizó la auditoría por los Ciento Treinta y Dos Millones (Lps 132,000.000). Por el tiempo transcurrido, el caso no parece ser importante para el importante para el Ministerio Pública, puesto que se le ha dado importancia a otros casos con menos pérdidas económicas y que son los que han sido judicializados a fin de contar con estadísticas para soslayar su responsabilidad histórica de encausar a los que verdaderamente han dilapidado el patrominio nacional, y la desidia de las autoridades superiores es mas que evidentemente. En similar situación se encuentra otro caso de evasión millonaria por parte de la empresa Celtel hoy Tigo
PRAF- SALUD
Investigado: Elías Lizardo
Delito:Abuso de Autoridad
Perjuicio:La Administración Pública
Hechos:Convenio entre la Secretaría de Salud y el PRAF, dirigida por Elizabeth de Mazariegos, por un monto de 525 millones de lempiras para pagos a empleados por contrato sin rendirse la respectiva fianza o caución para responder por las obligaciones como lo exige el Tribunal Superior de Cuentas.
Se emitieron cheques a nombre de personas que no aparecen en el Registro Nacional de las Personas.
PAGO PERIODISTAS
Imputado: Ex Fiscal General de la República, Ovidio Navarro.
Delito: Malversación de caudales públicos
Perjudicado: Administración Pública
Hechos: Existe un proyecto de requerimiento fiscal realizado por Fiscales contra la Corrupción desde el 2005. Acreditaron pagos a periodistas realizados con fondos públicos provenientes del Ministerio Público para comprar su silencio en razón de la crisis institucional que atravesó el Ministerio Público en el 2004; asimismo se atacó a la Asociación de Fiscales, según investigación y monitoreo de todas las emisiones radiales y televisivas, con la especificación de los programas objetos de contrato y no se publicitó ninguna actividad realizada por la Institución que hubiese justificado el pago de publicidad. Estas cantidades de dinero se sacaron de partidas presupuestarias que originalmente estaban destinadas para publicidad institucional, y fueron cobradas en oportunidades por el entonces Jefe de la División de Recursos Humanos, abogado Julio Laínez. Se hace acompañar copia del cheque extendido a favor de la empresa ABA.COM, propiedad del periodista Anibal Barrow.
CASO CODDEFFAGOLF
En 20 años de existencia, el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, Coddeffagolf, ha denunciado la destrucción y contaminación de miles de hectáreas de manglares, lagunas y otros ecosistemas frágiles y su biodiversidad. El resultado es que la destrucción continúa IMPUNE y sin considerar que se trata de áreas protegidas por Convenio Internacional (Convención RAMSAR 1999) o por decreto del Congreso Nacional 599-E, 2000.
Los pocos casos en que la Fiscalía y toda la burocracia ambiental ha intentado condenar judicialmente a un infractor poderoso, ella misma se ha encargado de perdonarlos, o a guardar el expediente para siempre, obligado por “manos ocultas”. Un par de ejemplos lo constituyen las camaroneras, El Faro, que data de unos 5 años y de EXCASUR, más reciente, pero ambas han destruido valiosos ecosistemas en áreas protegidas, y los verdaderos culpables gozan de pública IMPUNIDAD gracias a la sombra de algún poderoso. Además, a lo largo de los años, el Coddeffagolf ha denunciado el asesinato de 12 humildes pescadores artesanales, los que en la mayoría de los casos ni siquiera se han investigado, y el resultado es una completa impunidad asociada a los “grupos de poder” en el país.
- AMADO GUEVARA*
Se desconoce el número de expediente y el juez que lleva la causa. Delito imputado: Falsificación de firmas al jugador Amado Guevara.
Supuestos responsables: Miembros de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth). Debido a que en la actualidad este caso se encuentra en investigación, los fiscales, al amparo del articulo 7 de la Ley del Ministerio Público, no proporcionaron más información al respecto. A Amado Guevara le firmaron el pago de unn cheque que él nunca firmó y cobró
CASO RNP
Imputado: Mario Aguilar González
Delito: Abuso De Autoridad
Perjudicado: Administración Pública
Hechos: Mario Aguilar Gonzáles, en su condición de Director del Registro Nacional de las Personas, procedió a la anulación de una inscripción registral sin que se haya dictado una sentencia por parte de órgano jurisdiccional competente. Con esta acción se dejó en precariedad a dos niñas y a una madre soltera que labora en el Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia. A esta familia se le vedó la posibilidad de acceder a una acción de petición de herencia por el fallecimiento de su padre y esposo respectivamente. El requerimiento fiscal fue preparado con todo el elemento probatorio que se recolectó y al momento de su presentación en la Secretaria del Tribunal el Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, dándose cuenta que se trataba de un juicio en contra de su amigo y correligionario Mario Aguilar Gonzáles, ordenó a su subalterno a detener su presentación. A la fecha no se sabe si el caso ya fue desestimado o no. Estos mismos extremos se reproducen en otros casos manejados en distintas oficinas como las Fiscalía de Derechos Humanos, contra el Crimen Organizado, Medio Ambiente, y otras más.
NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS
Investigado: Leónidas Rosa Bautista.
Delito: Abuso de autoridad
Perjuicio: Administración pública
Hechos: La Fiscalía General de la República procedió a nombrar al señor Omar Zúniga como administrador de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y al hacerlo violentó el reglamento de la OABI, pues no llenaba los requisitos establecidos para acceder al cargo. Además de violentar los requisitos para el cargo, Omar Zúniga mantiene un grado de parentesco con el actual Fiscal adjunto Omar Cerna.
DONACIÓN DE LA PRIMERA DAMA DE VENEZUELA
Imputada: Vilma viuda de Castellano
Delito: Malversación de caudales públicos
Perjuicio: Administración pública
Hechos: La señora Marisabel de Chávez visitó Honduras y donó varios millones de bolívares para el proyecto denominado El Vaso de Leche dirigido para los niños pobres. Este donativo fue realizado a la presidenta de FUDEHFA. El señor Nasry Asfura, quien era miembro de esta asociación, manifestó que dichas cantidades nunca fueron entregadas a FUDEHFA. Se elaboró un requerimiento por malversación contra la señora Vilma Reyes de Castellano que se le entregó al Fiscal Especial contra la Corrupción y a la fecha no se ha presentado.
MIGUEL PASTOR
Delitos imputados: Malversación de caudales y abuso de autoridad
Supuesto responsable: Miguel Rodrigo Pastor
A pesar que el ex alcalde capitalino Miguel Pastor tiene nueve acusaciones pendientes en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción,ningún caso ha sido llevado a los juzgados correspondientes.
Hechos: En este caso se destinaron cantidades millonarias que se debían de pagar en concepto de cotizaciones al INJUPEMP, para pago de salarios en la municipalidad, esto le limitó la posibilidad a los trabajan en la Corporación Municipal para acceder préstamos los de alto perfil por las personas en ellos involucradas, préstamos personales e hipotecarios en el mencionado Instituto, hasta la llegada del presente alcalde, quien tuvo que lograr un acuerdo de pago con el INJUPEMP para que sus empleados pudiesen tener los beneficios que la Institución ofrece a sus beneficiarios.
En adición a lo anterior, se investiga el pago a personal de una agencia de publicidad propiedad del señor Sebastian Pastor, con dineros de la Corporación Municipal.
El delito de la MALVERSACION por cambio de destino esta debidamente acreditado, y no se precisa ninguna clase de informes técnicos para proceder de inmediato, solamente es necesaria la consignación de las partidas presupuestarias que se han violentado, y la burla a las previsiones del presupuesto que se generaron con el estudio previo y técnico de necesidades de alta prioridad, elaborado por personal que trabaja en el Departamento de Presupuesto de la Corporación Municipal del Distrito Central. En la Fiscalía Especial contra la Corrupción este caso era investigado exhaustivamente por la Fiscal Carla Interiano, y luego de que manifestara que había suficientes méritos para ejercer la acción penal pública contra el ex Alcalde Miguel Rodrigo Pastor se le trasladó a la Unidad de Delitos Tributarios. Por otra parte es meritorio manifestar que a los fiscales de juicio se les relevó del manejo de cinco casos, que son los de alto perfil por las personas en ellos involucradas, es decir los casos más importantes que se encuentran en investigación en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por la trascendencia económica y política de sus actores.
IPM-GALVÁNICA
Delito imputado: Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Mario Hung Pacheco, Roberto Lazarus, Oscar Servellón y Luis Alonzo Villatoro Ricardo Reyes y demás miembros de la junta directiva del IPM.
Hecho imputado: La junta directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM), decidió comprar las acciones de la empresa Galvánica, aún y cuando existía un informe que establecía que la compañía no era rentable y que los accionistas eran los mismos militares, entre ellos, Mario Raúl Hung Pacheco y Rigoberto Padilla Bejarano. A pesar de eso el IPM compró una empresa quebrada que pertenecía a los militares. En la actualidad la causa se encuentra definitivamente resuelta a favor de los procesados.
IPM/ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL
De conformidad con lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, La Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar resuelve en sesión extraordinaria autorizar a la Gerencia para que efectúe trámites ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central para la compra de un inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto de Previsión Militar, por la cantidad de Dos Millones Quinientos Mil Lempiras, y por todos los inmuebles, ascendió a 5.2 millones más impuestos. Según el Gerente del Instituto de Previsión Militar, la precitada cantidad de dinero fue entregada al Secretario Municipal Marco Vinicio Gómez Castro. A través de una auditoria se detectaron irregularidades con relación a que a los respectivos recibos elaborados les hacía falta la firma y sello del cajero receptor de la máquina receptora, lo que evidencia que tales pagos no se efectuaron, por consiguiente no ingresaron a las arcas municipales.
COMBUSTIBLE DE LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA
Investigados: Oscar Kilgore, Rodolfo Padilla Sunseri, Willian Hall Micheletti y otros.
Delito: Abuso de autoridad
Perjudicados: La Administración Pública.
Hechos: Durante la administración 2002(2006, los regidores y alcalde de la municipalidad de San Pedro Sula, autorizaron 100 galones de combustible para uso de sus vehículos, sin embargo, este gasto se incrementó hasta 700 galones mensuales. Durante la administración 2006)2010 continuó el gasto exagerado.
ÓSCAR KILGORE
Investigados: Ingmar Gonzáles Figueroa, Oscar Kilgore y otros.
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales
Perjudicados: La Administración Pública
Hechos: Durante la administración 2002-2006 se realizó una compra de pintura para el ornato de las aceras y calles de San Pedro Sula, que ascendió a 2.8 millones de lempiras. La compra se realizó de manera directa en la ferretería Sumaco. La investigación sustentó una serie de facturas falsificadas a nombre de varias personas contratistas de la municipalidad, aunado a esto la pintura nunca ingresó al almacén de la municipalidad.
ROBERTO ACOSTA
Imputado: Roberto Acosta
Delito: Abuso de autoridad y fraude
Perjuicio: La Administración Pública
Hechos: El ex alcalde capitalino Roberto Acosta autorizó la compra de un terreno terreno para un relleno sanitario. Esta erogación no constaba en el presupuesto general de ingresos y egresos de la corporación municipal ni en el plan de inversión municipal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996, violentando con ello la Ley Orgánica de Presupuestos. Hasta la fecha el relleno sanitario no se ha construido.
INTERAIRPORTS
Número de expediente 113-05. Este proceso inicio el 13 de abril de 2005 y fue asignado al juez especial nombrado Rolando Arriaga.
Delitos imputados: Abuso de autoridad y fraude
Imputados: Tomás Lozano Reyes y Héctor Ramón Tróchez
Hecho imputado: Al parecer se modificaron los pliegos de condiciones después que solo tres empresas habían presentado solicitud de precalificación, lo que provocó que las demás empresas que compraron las bases de licitación no presentaran ofertas, por no enterarse de las modificaciones posteriores, habiendo perdido el Estado la oportunidad de percibir posibles mejores ofertas.
EL AVIONAZO
Investigados: Varias personas de la actual administración
Delito: Abuso de autoridad
Hechos: En el 2006 aterrizó de manera misteriosa y fue abandonado un lujoso avión en el aeropuerto Toncontín por pilotos mexicanos, quienes horas después salieron de incógnito con la ayuda de personal de Dirección Nacional de Migración y Extranjería. La nave valorada en 12 millones de dólares estuvo estacionada en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, hasta que fue rematada por 736,000 dólares. El Fiscal General se trasladó a México para solicitar información, sin embargo nunca se estableció si dicha visita esclareció el caso. El Fiscal Leónidas Rosa Bautista ha manifestado públicamente que el caso está cerrado.
EL PETROLAZO
Número de expediente 5498-02.
Esta causa inició el 30 de noviembre de 1994 y fue asignado a la juez Mildra Castillo
Delitos imputados: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Supuestos responsables: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero
Hechos: El ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, mediante acuerdo No.602-A del 7 de mayo de 1990 autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de Honduras (BCH), cuyos fondos se incrementarían cada mes con capital proveniente de Texaco de Honduras y Gas Caribe, y que sería utilizado por la Comisión del Petroleo para financiar los carburantes. No obstante de manera irregular se transfirieron a la cuenta constitucional de la República y fueron utilizados por Callejas para gastos personales.
EL GASOLINAZO
Investigados: Varios funcionarios del Gobierno entre ellos Ricardo Álvarez.
Delito: Abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y contrabando
Perjudicados: La Administración Pública
Hechos: La irregularidad se presentó entre 2002 y 2004 estimándose que 131 importaciones de combustible, equivalente a 519 pipas ingresaron a país sin pagar impuestos. El combustible fue vendido a las gasolineras de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las empresas que hicieron la importación fueron, “Transporte Guillén”, “Inversiones Maxiomel”, Taller de Mecánica “Las Vegas “
e “Importadora Calderón”. El caso del “Gasolinazo” dejó perdidas al país de al menos 75 millones de lempiras. Se presume que las ganancias sirvieron para financiar campañas políticas de algunos aspirantes del Partido Nacional. El fiscal General Rosa Bautista dijo públicamente, que este proceso estaba cerrado, sin embargo , no ha dado ninguna explicación al respecto a la ciudadanía.
LOS 60 GRADOS
El señor Francisco Valenzuela presentó denuncia ante la Fiscalía de Delitos Comunes hace más de dos años contra las transnacionales petroleras ESSO STANDAR OIL (EXXON MOBILE) y PUMA HONDURAS por no entregar el combustible a las estaciones de servicio a 60 grados Fahrenheit, lo que afecta a los empresarios y violenta las normas internacionales y nacionales que estipula la ley mediante decreto 441-79, la Fiscal que maneja la causa, preparó requerimiento fiscal y el Fiscal General Leó56nidas Rosa Bautista, y el Adjunto, Omar Cerna, reconocieron tener en su despacho el mismo sin que hasta la fecha se haya resuelto. Valenzuela interpuso la misma denuncia en la Corte Federal de la Florida, la que está en proceso dilatorio por petición de los abogados defensores. Según el Fiscal Yuri Moreno el expediente está en su escritorio a espera de un dictamen.
EL CHINAZO
En 1992, el gobierno de Callejas promulgó la Ley para la Naturalización de Ciudadanos Orientales para atraer inversiones de empresarios chinos. Tras la aprobación de la esta ley, unos dos mil ciudadanos chinos optaron por la compra de la nacionalidad hondureña y los documentos de identidad, a cambio de un pago de US$3 mil por persona. Después de 1994, el recién creado Ministerio Público realizó investigaciones y comprobó las denuncias sobre millares de ciudadanos chinos que obtuvieron la nacionalidad mediante pagos de US$25 mil y US$50 mil a funcionarios del gobierno.
En 1995, el Ministerio Público recibió la denuncia documentada de María Martha Díaz, quien sostuvo que colaboró con su ex esposo, el nicaragüense René Contreras, para la venta de la nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos, a través de oficinas ubicadas en Miami, Estados Unidos. Posteriormente, en julio de 1996, fueron capturados por la Policía de Hong Kong Herby Weizemblut ( Herby Weizemblut )cónsul de Honduras en Hong Kong() y Jerry Wolf Stu(chinner )ciudadano estadunidense jubilado del Servicio de Inmigración para Centroamérica en la Embajada de EEUU en Tegucigalpa-, a quienes les decomisaron uno docena de pasaportes hondureños para ciudadanos chinos. Este hecho confirmó que pese a que la Ley de Naturalización de ciudadanos chinos había expirado, continuaba el tráfico de pasaportes hondureños. El entonces fiscal general, Edmundo Orellana Edmundo Orellana, estimó en 1997 que más de 20 mil pasaportes hondureños fueron impresos ilegalmente para venderlos a ciudadanos chinos.
EL PASAPORTAZO
Imputado: Ramón Romero, ex director de Migración
Las operaciones para traer ilegalmente a los chinos al país consistían en que cada persona de esta nacionalidad que llegaba a Cuba solicitaba una visa consultada y otros trámites ante el consulado de Honduras, que luego se complementaba con un dictamen favorable de la Dirección de Migración y Extranjería.
Estos trámites se extendían a cambio de importantes cantidades de dinero, ya que las diligencias se hacían al margen de la ley. Romero está acusado por la fiscalía por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Por encontrar indicios racionales de haber cometido uno o los dos delitos apuntados, el titular del Juzgado Penal Francisco Morazán, Edwin Navarro, le decretó auto de prisión. Según el Ministerio Público, el ex funcionario habría autorizado el ingreso ilegal de 14 colombianos supuestamente involucrados en el narcotráfico, aparte de que hay sospechas de que Romero ha promovido el tráfico ilegal de chinos y libaneses.
BANCO CORPORATIVO (BANCORP)
Registrado bajo expediente No. 7715-02.
Esta causa inició el 25 de abril de 2000 y fue asignado a la Juez Mildra Castillo.
Delito: Estafa
Responsables: Víctor Elías Bendeck Samra, Víctor Elías Bendeck Ramírez, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Bendeck Esthalin y Kart Henry Host Talbolt.
Hechos: El 21 de marzo de 1995 se constituyó el fideicomiso N.09/95 entre el departamento fiduciario de Banco Corporativo y Víctor Elías Bendeck Ramírez en su condición de representante legal de Hondured, con la finalidad de ejercer los derechos de las acciones de la sociedad que fue transferida y otras relacionadas con el fideicomiso entre estas, Hondured, Ridehsa, Videhsa, Cable Color y Comhosa. No obstante la titularidad de estas acciones no fue transferida legalmente dado que no eran propiedad de Conversiones Bea, sino de Ridehsa, por otro lado hubo evidente conflicto desinterés dado que la figura de fideicomisante, fiduciario y fideicomisario recayeron en una sola persona: Victor Elias Bendeck Ramírez, lo que causó graves perjuicios patrimoniales a los ofendidos.
BANHCRESER
Número de expediente judicial 6748-02
La causa inició el 21 de febrero de 2002 y fue asignado a la Juez Mildra Castillo.
Delito: Estafa
Responsables: Carlos Chaín, Santos Reinaldo Casco Gòmez, Nicolás Chaín, Antonio Kattán Kattán, Emín Abufele, Leonel Medrano, Caupolicán Zúñiga Maradiaga, Antonio Sansur Dacaret, Leonel Medranoy German Licona Vega
Hechos: El Ministerio Público interpuso acusación criminal contra los directivos y administradores del Banco Hondureño de Crédito y Servicios (Banhcreser), en virtud de haber sido declarada esa institución en liquidación forzosa en incurrir en algunos presupuestos tipificados, como estafa.
Entre estos destacan manejo irregular de los fondos de disponibilidad inmediata depositados en el HSBC Republicintl Bank, por 3.7 millones de dólares(alrededor de 70 mil millones de lempiras); y el otorgamiento irregular de facilidades crediticias a las empresas relacionadas mediante la apertura de sobregiros habiendo excedido del limite legal establecido para operaciones con partes relacionadas.
QUIEBRA BANCORP
Imputado: Victor Bendeck
Delito: Estafa.
Perjudicado: Varias personas.
Hechos: Este caso es uno de los más significativos en el descalabro financiero y bancario del país, perjudicando los intereses económicos del Estado de Honduras en una erogación de más de 900 millones de Lempiras, puesto que el mismo Estado tuvo que pagar a las víctimas o cuenta- habientes para evitar un caos en el sistema financiero nacional. En el expediente de mérito, se encuentra dentro de sus folios el poder que le fue conferido al bufete del abogado Leónidas Rosa Bautista por parte de los imputados en este caso, por lo que resulta coincidente que el Fiscalespecial Henry Salgado, haya insistido de forma reiterada a la fiscal Xiomara Osorio quien tiene a su cargo la tramitación de la causa, que el caso presentado contra el señor Bendeck carecía de fundamento jurídico, y que no era constitutivo de delito y que a su criterio el Ministerio Público no contaba con material probatorio suficiente para continuar sustentando la acusación, y que un fiscal objetivo no debía en tales condiciones proceder a la formalización de la acusación ya que el Ministerio público no debe ser un acusador a ultranza.
BANCO CAPITAL
Proceso iniciado el 10 de enero de 2003.
Delito: Estafa
Responsables: Ivis German López Ayestas, Fernando Rafael López Ayestas, Waldo Ramírez, Alex Bendeck Mourra, Jacobo Omar Hernández Cruz, David Granada Grajales, Julio Suárez Lardizábal, Fredy Danery Gòmez, Marco Antonio Aviléz, Carlos Padilla, Marcial Flores Sosa, Lili Raudales López
Hechos: La Junta Directiva del banco resolvió aumentar su capital, habiendo sido aprobado ese aumento por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), y habiéndose fechado las formas y modalidades de pago para proceder a la capitalización. Según el Ministerio Publico, los señores López Ayestas, sacaron el dinero del banco inobservando la autorización del Banco Central de Honduras y de la CNBS, así como la Ley del Sistema Financiero, que prohíbe a los bancos invertir más del 40 por ciento de su capital y reservas para bienes raíces, pues con este dinero se pagaría unos pisos del Consejo Financiero Capital. Este dinero fue depositado a Desarrolladores Asociados, y estos, posteriormente, extendieron dos cheques a favor de los hermanos López Ayestas por el mismo valor, solo con una diferencia de 20 centavos, dinero que es depositado el mismo día (23 de agosto de 1999) en BancoCapital y entra como aumento de capital accionario.
TRESCOM
Imputado: Leónidas Rosa Bautista Y Richard Mass Canossa
Delito: Malversación de Caudales Públicos
Perjucio: Administración Pública.
Hechos: Una compañía estadounidense de Telecomunicaciones de nombre social TRESCOM le adeudaba a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, una cantidad millonaria en dólares. En este caso se involucra al actual Fiscal General de la República Leónidas Rosa Bautista.
El Abogado Héctor Ramón Tróchez Hernández, en su condición de Procurador General de la República, realizó en representación del Estado un viaje a Miami a efecto de determinar el supuesto pago de TRESCOM a HONDUTEL por la cantidad de Cinco Millones de Dólares. En esa oportunidad los ejecutivos de TRESCOM adujeron haber hecho el pago a través del Abogado Leónidas Rosa Bautista, su entonces representante legal en Honduras, mismo que no fue enterado a las arcas estatales; pero según evidencia que se presenta, en su momento Hondutel aseveró no haber recibido cantidad alguna que abonara a la cuenta que mantiene TRESCOM con el Estado Hondureño. La última actuación que se realizó fue la solicitud de investigación de cuentas bancarias del Fiscal General Rosa Bautista.
INTERCASA
Investigados: Rafael Ferrari, José Lamas y otros
Delito: Estafa y otros
Hechos: Durante el Huracán Mitch se destruyeron bodegas con material propiedad de Hondutel.
La compañía aseguradora INTERCASA propiedad de Rafael Ferrari y otros socios se negó a pagar el seguro a Hondutel, no obstante la destrucción de edificios y bodegas de repuestos que estaban aseguradas en esta compañía. Ocurrió a orillas del río San José en la colonia La Vega de Comayagüela. INTERCASA no pagó el seguro que tenía Hondutel y el Gobierno escoger su propio liquidador al declararse en quiebra para no pagar el seguro a que tenía derecho la empresa. La apoderada legal de Hondutel era la abogada Vilma Morales Montalván. El caso se encuentra “engavetado” y hasta la fecha no se ha tomado una decisión del mismo.
“PRONTO”
Imputado: Familia Kattán Salem
Delito: Hurto del espectro Radioeléctrico.
Perjuicio: Estado de Honduras
Hechos: En este caso existe un dictamen que fue elaborado por técnicos que laboran en Conatel y en el cual manifiestan que la empresa PRONTO, propiedad de Carlos Kattán efectivamente ha estado haciendo uso ilegal de espectro radioeléctrico y cuyo moderador es el Estado de Honduras a través de Hondutel.
CONATEL
Registrado en expediente judicial21996-02.
Esta causa inició en 2000 y fue asignada a la juez Normandina Ortiz
Delitos: Abuso de Autoridad y desobediencia
Supuestos Responsables: Norman Roy Hernández, Amílcar Santama Antonio Sansur Dacaret ría, Salvador Martínez, y Ramiro Lozano Landa
Hechos: Los comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), emitieron una resolución en la que limitaron el cargo mensual a 28 mil 180 abonados, contradiciendo las bases de licitación de la concesión de la telefonía celular que establecián un pago mensual por cada número de abonados, ofreciendo la empresa Celtel (ahora Tigo), 7.30 dólares por línea. Además esa comisión extendió el plazo de la Compañía Celtel hasta el año 2021, contraviniendo las prerrogativas constitucionales del Congreso Nacional establecidas enel artículo 205, numeral 19, de la Constitución.
CONSTRUCCIÓN AULAS DE LA UNAH 6-A
Imputada: Ana Belen Castillo
Delito: Abuso de autoridad y fraude
Perjuicio: Administración Pública
Hechos: La Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Ana Belen Castillo autorizó de forma directa y no como lo ordena la Ley de Contratación del Estado la construcción del edificio llamado Aulas Número 6(A, adjudicando el proyecto a la constructora Nacional de Ingenieros, que según informes de los supervisores estaba incumpliendo con la construcción del otro Edificio Aulas Número 6. Para legitimar la adjudicación del proyecto, adujeron que la construcción del edificio Aulas nímero 6)A era un apéndice o una ampliación del edificio aulas número 6.
La construcción de las aulas número 6 tuvo un costo de 30 millones de lempiras, y la ampliación, es decir la construcción del Edificio Aulas Número 6-A tenía un costo de casi 70 millones de lempiras, por lo que resulta espurio el argumento de Belen Castillo, de que se podía soslayar la licitación pública cuando el sentido común indica que se tratan de dos obras independientes y autónomas.
Las reglas elementales de la lógica demuestran que una ampliación es un apéndice en porcentajes menores a la obra original que se pretendía ampliar. Existe un informe técnico del decano de Ingeniería Civil, Adolfo Raquel Quan incorporado a la denuncia sobre las irregularidades de estos proyectos. Los edificios no se construyeron en su totalidad, y quedan pendientes sendas demandas de orden civil que aún no han sido resueltas, y lo que es más grave, se dejaron vencer las garantías.
El proyecto de requerimiento al Fiscal General de la República, Abogado Leónidas Rosa Bautista, desde el año 2005, tal como consta en el Libro de Anteproyectos de Requerimiento Fiscal que obra en la Secretaría de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero no se tuvo respuesta alguna, y cuando los maestros de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Adunah, iban a preguntar por la denuncia se les decía, y se les continúa diciendo que esperan el informe del Tribunal Superior de Cuentas, cuando normalmente ya antes se han presentado acciones penales públicas de inmediato siempre que no se han realizado licitaciones públicas.
COMUNITA
Registrado en Expediente judicial 5496-02
Este proceso inició el 30 de noviembre de 1994 y asignado la juez Mildra Castillo.
Delito imputado: Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Rafael Leonardo Callejas Romero y otros funcionarios.
Hechos Imputados: El presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, en Consejo de Ministros, emitió un decreto ejecutivo que facultaba a Secopt para que de conformidad con el avalúo técnico realizados por la comisión correspondiente, procediera a dar en venta directa a Comunita un lote de maquinaria y equipo, contraviniendo los artículos 205, numeral 41, 321 y 360 de la Constitución de la República; así como el decreto legislativo 106-91 que establece el procedimiento de subasta pública para la venta, por lo que esa negociación no era posible sin la autorización del poder legislativo. En este caso los fiscales aducen que no existe ni contrato de venta , ni ingresos a favor del Estado como producto de la compra.
LA FAMILIA
Registrado bajo expediente judicial 5495-02.
Proceso iniciado el 30 de noviembre de 1994 y asignado a la juez Mildra Castillo
Supuestos responsables: Rafael Leonardo Callejas y Otros Exfuncionarios del Gobierno
Hecho Imputado: El abuso de autoridad se configura cuando el ex presidente Callejas emite un acuerdo presidencial, a través del cual autoriza la celebración de un contrato entre Secopt y Mariano de Jesús Gonzáles, consistente en el arrendamiento de maquinaria y equipo propiedad de Secopt para a rehabilitación de varios tramos carreteros. Según las investigaciones del Ministerio Público, el Estado no percibió ningún ingreso como resultado de la transacción.
CIUDAD MATEO
Número de expediente 416-96
Este caso inició el 24 de junio de 1996 y fue asignado a la Juez Normandina Ortiz
Delitos:Abuso de autoridad
Supuestos responsables: Juan Ángel Moncada, Daniel Brevé Travieso, Víctor Elias Bendeck y Alonso Ayón Cardona.
Hecho Imputado: Las investigaciones del Ministerio Público evidencian que todas las actuaciones realizadas en el proceso de licitación y contratación para el proyecto de Ciudad Mateo, estaban orientadas a favorecer a la empresa Finansa, propiedad de Víctor Elías Bendeck Samra. Esto se fundamenta en que en 1992, Finansa únicamente había pagado Un Millón de lempiras por dos millones 50 mil 459.53 metros cuadrados de terreno, el que se valoró en tres millones 615 mil 133.44 lempiras. Sin embargo, 10 meses después de efectuarse el pago, Finansa recibió 35 millones 599 mil199.00 lempiras por haber cedido al Injupemp 878 mil 065.61 metros cuadrados. Es decir que Injupemp recibió el 42.82 por ciento del terreno que Finansa había comprado, pero pagó 35 veces más del valor que esa financiera había pagado a esa fecha, sin haberse realizado como era obligatorio, dictámenes técnicos de catastro, ya que la administración pública no es un ente privado que determina los precios con la sola voluntad de las partes.
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA JUEGOS
Se desconoce el número de registro del expediente, así como del juez que conoce la causa en virtud que se ventila en los tribunales de San Pedro Sula, por lo que la fiscalía de Tegucigalpa no tien información del estado del caso.
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos
Responsables: Enrique Morales, Jerónimo Sandoval, Lila Argentina Uclés, Luis Garcia Bustamante, Nery Felipe Gonzáles y otros
Supuestamente el entonces Ministro de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte Jerónimo Sandoval y la Directora de Transporte Lila Argentina Uclés, malversaron cerca de 34 millones de lempiras. Suscribieron un contrato en 1997 con la constructora Nacional de Ingeniros de Ivis López por un monto que sobrepaso los 9 Millones de lempiras para la construcción de obras deportivas. La fiscalía solicitó orden de captura para los imputados en ocho ocasiones, sin embargo, los jueces jueces de San Pedro Sula denegaban las órdenes argumentando carencia de pruebas.
BRAZOS DE HONDURAS
Registrado bajo el expediente judicial 5494-02
Este proceso inició el 30 de Noviembre de 1994 y fue asignado a la jueza Mildra Castillo
Delito: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos
Responsables: Rafael Leonardo Callejas Romero y la Comisión de Ministros
Hechos: El presidente Rafael Leonardo Callejas Romero, en Consejo de Ministros, se extralimitó en sus funciones, autorizó “vender “ “mediante compra directa” y a empleados de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Secopt ahora Soptravi) toda la maquinaria que había en esa institución pese a que había un decreto legislativo que ordenaba la venta de maquinarias mediante subasta pública.
INPREUNAH
Expediente número 6992-02.
Delitos imputados: Abuso de Autoridad y usurpación de funciones
Responsables: Francisco Arturo Mejía. Julio Cesar Valladares y Raúl Flores Sauceda
Hechos: Los acusados aprobaron la contratación del Proyecto “Lo más del Perú”, obviando el artículo 360 de la constitución de la República que establece que los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios de compraventa o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, procedimiento que no se siguió en el presente caso, violentando con ello además de la norma constitucional, la Ley de contratación del Estado, el Manual de Ejecución Presupuestaria del INPREUNAH y las disposiciones generales del presupuesto para los años de 1997-1999. Se falsificó un Dictamen que prohibía al Instituto de Previsión de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), invertir en proyectos habitacionales, y se celebró contratos sin contar con la autorización del Comité de Inversiones, lo que produjó pérdidas de Ocho Millones de lempiras, ya que este dinero nunca se invirtió en este proyecto.