Arrecia ensañamiento contra Enrique Flores Lanza, ahora inhabilitan a sus abogados

Flores Lanza, ministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que fue sacado del poder por la fuerza de las armas a través de un golpe militar de Estado el 28 de junio de 2009, regresó del exilio para presentarse ante los tribunales de justicia, después de la firma del Acuerdo de Cartagena.

Dicho acuerdo señala en su inciso 3 que se debe “Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras”.

Sin embargo el 15 de junio día en que se llevó a cabo la Audiencia de Imputado, el Juez Claudio Aguilar le impuso como medidas 27 millones de lempiras en fianza, la cual debe cancelar el 15 de julio próximo, y arresto domiciliario. Si no paga en ese lapso, irá a la cárcel.

Este 20 de junio se llevó a cabo otra de las audiencias, pero la misma fue cancelada porque el Ministerio Público le recusó a la jueza María Dolores López, que conoce uno de los juicios, antes de la audiencia Flores Lanza denunció que la titular de su caso estaba recibiendo presiones para que actuara igual que el juez Aguilar, pero ella se negaba a hacerlo, horas después la Fiscalía presentó un escrito recusándola.

El ensañamiento del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, instituciones que han participado activamente en el golpe militar de Estado, no tiene límites y las presiones llegaron hasta el Colegio de Abogados de Honduras para que inhabilitara a sus dos abogados Daniel Rivera Mena y Raúl Suazo.

En comunicación con defensoresenlinea.com, el abogado Suazo dijo que el Colegio de Abogados alega que hay denuncias contra ellos por eso los inhabilitaron, sin embargo nunca fueron notificados, incluso ni siquiera en mayo pasado cuando se inició el proceso judicial para la presentación de Flores Lanza, al final autoridades de esa institución confesaron que fueron presionados para hacerlo.

Ministerio Público Poder Judicial tras las presiones
Según Suazo hay toda una trama para entorpecer el Debido Proceso en el caso, tan es así que las figuras también visibles son Henry Salgado, Fiscal contra la Corrupción; Reina Solórzano, magistrada de la Corte de Apelaciones, Emily Geraldina Page de Dubón, esposa de la mano derecha del presidente del Congreso Nacional,Juan Orlando Hernández y Jueza Coordinadora de los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, todos presionando por la inhabilitación, al final trinunfó la ilegalidad.

Las amenazas a muerte contra los abogados antes mencionados no surtieron efecto y se echó a andar esta otra estrategia que está plagada de delitos, porque la intención es llevar tras las rejas a Flores Lanza.

Suazo dijo que este martes 21 de junio saldrá la publicación en los medios de comunicación, “pero el administrador del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Carlos Gauilar me dijo al principio que no estábamos inhabilitados, pero después que tenían muchas presiones” de los personajes antes descritos, lo cual es inconstitucional pues violenta la Ley de su colegio.

Por otro lado, denunció que se les retrasó la entrega de la copia del acta de la Audiencia de Imputado hasta este día lunes a las 11:20 de la mañana lo que les impedía trabajar el Recurso de Amparo que se vence al mediodía del martes.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en un comunicado público manifestó que “no se trata de justicia, lo sabemos bien. Nos enfrentamos a los sicarios políticos de un sistema violento que insiste en salidas contrarias a la razón, la paz y la reconciliación. Un sistema incumplidor de la palabra, una amenaza”. Vea comunicado completo:

Esta organización ya envió a diferentes organismos internacionales la denuncia, pues las actuaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público violentan aparte del Acuerdo de Cartagena, convenios internacionales de Derechos Humanos que garantizan la igualdad ante la Ley, el Debido Proceso y la imparcialidad de la justicia.

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