Dolor, defraudación, pena e impotencia han sentido por más de tres años los más de 1,500 ex trabajadoras y trabajadores de las cerradas empresas maquiladoras Cheil y Dong Woo, primero por el duro golpe de quedar sin empleo de la noche a la mañana y luego su apoderada legal se apropió de decenas de millones de lempiras que les correspondía de prestaciones.
Comienza la estafa
Después de más de nueve años de operaciones las empresas Dong Woo que empleaba a 500 obreras aproximadamente y posteriormente Cheil con uno 1,000 “hicieron noche sin mañana” en el mes de junio en el 2,000. Ambas maquiladoras de origen coreano, localizadas en ZIP Continental de La Lima, dejaron a todas y todos sus trabajadores de brazos cruzados y en una completa incertidumbre, incluyendo a otros coreanos de mandos intermedios.
La representación legal, para pelear por las prestaciones fue asumida por la licenciada Edna Patricia Gonzáles. Pequeños grupos fueron representados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Silvia Ayala, Norma Carolina Colier y otros.
Edna prometió que mediante sus influencias ganaría rápidamente el caso, como en efecto lo hizo en un plazo record de tres meses valiéndose de maniobras calificadas de poco éticas o fraudulentas por otros profesionales. Logró una sentencia favorable y la adjudicación de los bienes, pero no pagó a los trabajadores.
Varios grupos de ex obreros realizaron protestas frente al bufete Gonzáles exigiendo se les entregara su dinero. La denuncia sobre la conducta irregular se presentó ante el Tribunal de Honor del Colegio de abogados, pero no se obtuvo ningún resultado. El hermano de Edna, Wilfredo Gonzáles es directivo del Capítulo del Colegio de Abogados de San Pedro Sula.
Tampoco prosperó una solicitud de Silvia Ayala ante los tribunales para que Edna rindiera informe de cuánto había percibido por la venta de los bienes de Cheil. El manejo irregular de la solicitud se denunció ante la inspectoría de tribunales.
La nombran jueza, a pesar de denuncias
A pesar de todas estas arbitrariedades con la llegada de Maduro y el Partido Nacional Edna es nombrada Jueza del Trabajo en San Pedro Sula. La nueva e “independiente” Corte Suprema de Justicia atendió las poderosas influencias políticas de la familia Gonzáles. El papá de Edna estuvo al frente de la campaña del Partido Nacional en la zona norte y ahora es apoderado legal de la municipalidad sampedrana.
Al ser nombrada Jueza asumió una actitud de mayor prepotencia ante los trabajadores y junto a su hermana Cinthia Guadalupe Gonzáles, a quien traspasó la representación legal, insultaban a quienes les reclamaban, señalando que no podían pagar prestaciones porque no tenían dinero.
DEMANDA CRIMINAL
Ante esa situación, 709 ex obreras de Cheil y 506 de Dong Woo a través del licenciado Diógenes Maradiaga iniciaron una demanda criminal contra la licenciada González. Maradiaga presentó 168 facturas de las ventas realizadas. “Gonzáles sólo tenia el poder para recuperar las prestaciones, no para invertir y administrar los bienes y el dinero de los trabajadores, y en eso estriba el delito”, dijo.
Por concepto de prestaciones sociales a las ex-trabajadoras de Cheil se les debe 51 millones y medio de lempiras, y a las de Dong Woo 40 millones.
El Ministerio Público comprobó que la mayoría de los bienes fueron vendidos, y que no se pagó a los trabajadores. Se estableció que tampoco la acusada disponía del dinero que había obtenido de las ventas por lo que presentó el requerimiento fiscal por el delito de fraude y apropiación indebida además de tener la condición de fraude continuado en perjuicio de casi la totalidad de los trabajadores, explicó Omar Menjivar, Fiscal Auxiliar en la Sección de Delitos Comunes, en San Pedro Sula.
Los pasos de justicia
29 de abril fue procesada por los delitos de fraude y apropiación indebida
7 de mayo se llevó a cabo la audiencia preliminar en materia criminal donde se le tomó la declaración a Edna.
2 de junio se procedió a la audiencia inicial donde se le decretó auto de prisión por parte del Juzgado de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, decisión que apeló la defensa de Gonzáles.
28 de agosto la Corte de Apelaciones confirmó el auto de prisión contra la jueza.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, anunció que Edna quedaba separada del cargo desde el 1 de octubre, pero la ex jueza asegura que ella renunció desde el 1 de septiembre.
Si González fuese declarada culpable, por vía civil y criminal, le correspondería por cada caso entre 15 y 20 años de prisión, porque el delito es fraude agravado y la gente fue estafada 168 ocasiones en diferentes fechas, según Diógenes Maradiaga.
Otros trabajadores, que fueron sorprendidas por parte de la licenciada Gonzáles están esperando el resultado de este caso para proceder contra ella, son de dos maquilas y de un ingenio azucarero.
EVADIENDO LA CÁRCEL
El nuevo Código Procesal Penal establece que los delitos, como el Gonzáles, son de carácter privado o sea a voluntad de los afectados. Si ella devuelve todo lo que se apropió indebidamente, se termina el caso y evita ir a la cárcel.
A iniciativa de la familia Gonzales se realizó un dialogo en agosto y se firmó acta de conciliación, donde se compromete a reparar todos los daños causados. “El acta fue firmada por tres trabajadoras por cada fabrica y yo”, señaló Maradiaga.
Los Gonzáles se comprometen a pagar los alquileres debidos a ZIP Continental que por Dong Woo haciende a más de 108 mil dólares y por Cheil 35 mil dólares. En la negociación se esta respetando los honorarios de las licenciadas que son cinco millones de lempiras.
Por su parte Silvia Ayala consideró que” Lo que se pretendía era entrar a un proceso dilatorio, por lo que nos retiramos de la negociación”.
Ayala dijo que en diciembre del 2001 se les entregó, el equivalente al 15% de las prestaciones de las trabajadoras a todos los apoderados legales que defendian a diferentes grupos de ex -obreras, el cual fue distribuido entre todos los trabajadores. “Lo que estamos reclamando es la diferencia de 333,000 lempiras de las 16 obreras de Cheil”, explicó Ayala.
Hasta octubre todavía no se hacen efectivos los pagos
Cheil dejó un terreno de 24 manzanas ubicadas a unos 15 km. de El Progreso valorado en ocho millones 443 mil lempiras. El licenciado Maradiaga asegura tener un posible comprador que ofrece una buena oferta y quiere el terreno para montar un parque industrial. Explicó que a mediados de octubre se espera que el terreno esté escriturado a favor de los ex obreras de Cheil. Con la venta de este terreno se podrán resarcir aproximadamente el 20 por ciento de lo que se les adeuda a los trabajadores.
En el caso de Dong Woo hay bienes físicos por el valor aproximado de ocho y medio millones de lempiras.
Maradiaga ha establecido un acuerdo con los trabajadores que representa que al ganarse el caso o llegar a concluir un arreglo económico, todas las obreras recibirán por igual la misma indemnización, independientemente del tiempo que hayan laborado.
*Familia Gonzáles: Influencias y poder político *
“En este caso me he enfrentado con mi mismo Partido Nacional, se han movido influencias como el ingeniero Samuel Bogran, Johny Handal, Jamil Hawit y el presidente del Congreso Porfirio Lobo, porque el papá de la señora jueza, tiene una gran influencia política dentro del partido y es el apoderado legal de la municipalidad de San Pedro Sula y además fue quien dirigió la campaña del Lic. Maduro en la zona norte”, dijo el licenciado Maradiaga.
Agregó que en estos días ha tenido que contratar guardaespaldas, ya que lo estuvieron amenazando por tres semanas, aunque no culpó directamente a la familia González.
Hace cinco o seis meses se pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia, y tampoco se le dio seguimiento al problema, “Por lo se sospecha que la Corte estuvo protegiendo a Edna, en cambio en otros casos han actuado inmediata y enérgicamente despidiendo a jueces”, denunció la licenciada Silvia Ayala.
Las influencias también se extienden en los juzgados sampedranos y los distintos organismos del Colegio de Abogados de Honduras.
Un precedente “Este es el primer caso que a una juez se le decreta auto de prisión, por un delito criminal, porque siempre han salido libres usando sus influencias y la pobre gente siempre queda burlada y engañada y en la calle cuando les asiste el derecho. Es un precedente para todos los picaros y corruptos que son jueces”, expresó Maradiaga.
Movimientos bancarios parecen lavado de dinero
Un informe de la Comisión de Banca y Seguros destaca que la ex -jueza y su hermana Cinthia González manejaron cuentas en siete bancos administrando lempiras y dólares. La conclusión del informe es que esos actos tienen características propias de lavado de dinero.
Depósitos de grandes sumas de dinero en dólares y lempiras sin justificación.
Retiro inmediato de grandes sumas de dinero en periodos cortos y cantidades menores.
Traslado de sumas altas de dinero entre cuentas de Edna Patricia Gonzáles y Cinthia Guadalupe González.
Fluctuación de los saldos en las cuentas abiertas, de un saldo bajo a uno alto y viceversa.