Los vendedores ambulantes son parte del sector informal de la economía del país, por eso el gobierno no debe limitar su trabajo, por el contrario debe crear programas para apoyarlos.
Casi 7 mil personas ubican sus ventas en las calles de San Pedro Sula, realizando una actividad laboral como cualquier otra, ya que tienen la necesidad de generar ingresos para sus familias, sin embargo, son victimas de constantes abusos de las autoridades municipales de San Pedro Sula.
Esta vez, Eugenio Rodríguez, dirigente del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes de Honduras (SUVANH) denunció ante la Fiscalia Contra la Corrupción que la municipalidad ha cobrado cuotas para la instalación de puesto y luego ordenó el desalojo de los mismos.
Según planteo el dirigente, las acciones de desalojo de la municipalidad se han estado justificando por el problema del tráfico de vehículos y peatones en las calles céntricas de la ciudad, sin embargo no tomaron en cuenta esa situación a la hora de recibir el pago por la instalación de los puestos que funcionarían supuestamente en forma legal.
Los supuestos involucrados en el problema son los miembros de la comuna sampedrana, como Oscar Kilgore, Marlon Mendoza, Osmin Bautista, Antonio Cantarero y Arnulfo López, así como a Maria Antonia Pérez, la dirigente de la Asociación Sampedrana de Vendedores de Mercaderías y Alimentos (ASEVAMAU).
Aunque los involucrados niegan ser responsables, Arnulfo López, director de Abastos y Mercados de la municipalidad sampedrana, reconoció en su declaración ante la Fiscalia que la ubicación de los vendedores en las calles es un negocio, pero que solo falta saber a quien pertenece, admitiendo de esta forma que estos fondos van a parar a manos corruptas.