Las organizaciones del movimiento popular de El Progreso acusaron a la misma policía del asesinato. El jefe de la FUSEP, Capitán Francisco Mejía Lara, encabezó la investigación, y el caso fue llevado por el Juez Juan Ángel Tabora.
Pedro Chavarría, sobreviviente, con una lesión de bala en el hombro y en su clavícula, fue solicitado por la policía para revelara los detalles de la masacre.
El Juez Rivera Tabora ordenó la detención del contador de la Compañía, CAGSA, Ricardo Bus(tillo, y de los dirigentes del Frente Democrático del SITRA)COAGS: Juan Francisco Cáceres y Juan Banegas Reyes.
El Juez también llamó a declarar a Jaime y Arcesio Echeverri, propietarios de la empresa, y a Carlos Gonzales, superintendente de la misma.
Finalmente se condenó como autores intelectuales a Moisés Orellana Re-yes (Capitán Retirado), jefe de vigilancia de la CAGSA y a Alfredo Villeda Enríquez, quien proporcionó la escopeta. Como autores materiales se condenó a los soldados Marco Antonio Molina Martínez y Fausto García Rivera; quienes fueron defendidos por el abogado Cesar Castro. Los homicidas señalaron que la empresa ofreció 28 mil lempiras (14 mil dólares) para que se consumara el crimen.
Meses más tarde Marco Antonio Molina Martínez y Fausto García Rivera, los dos autores materiales, se fugaron del presidio junto a 30 reos más, luego fue recapturado Marco Antonio Molina en Siguatepeque y recluido nuevamente en el presidio de El Progreso, de donde se fugó por segunda vez junto otros doce reos.
Posteriormente, el Juez Tabora concedió al Capitán Orellana salir de la cárcel ya que meses atrás tuvo que ser llevado a una clínica porque había sufrido un derrame cerebral y su salud supuestamente estaba desmejorando.
