Pobladores de Occidente doblegan al gobierno

Mel, amenazó con reprimirlos, pero luego buscó el diálogo

El bloqueo de carreteras realizado por unas veinte mil de personas aglutinadas en la Alianza Cívica por la Democracia, el pasado 25 de Julio, en el occidente del país, provocó la interrupción vehicular por espacio de 12 horas en la carretera panamericana que comunica a Honduras con las repúblicas de Guatemala y El Salvador.

En la acción coordinada por la Diócesis de Santa Rosa de Copán, participaron miembros de la Iglesia Católica, patronatos, grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por la explotación minera a cielo abierto, que demandaron el cumplimiento de doce puntos, entre los cuales se destacan las reformas a la Ley de Minería, Ley de Agua y Saneamiento Ambiental y la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además del cierre de la carretera panamericana, también hubo protestas en Tegucigalpa, Siguatepeque y Olancho, donde grupos ambientalistas y miembros de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, se solidarizaron con el clamor de los pueblos occidentales.

Gobierno
Ante la magnitud del acontecimiento, el mandatario hondureño, Manuel Zelaya Rosales, que días antes había amenazado con reprimir a los manifestantes, tuvo que doblegarse y buscar el diálogo con la dirigencia de la Alianza Patriótica por la Democracia, encabezada por el Obispo de Copán, Monseñor Luis Alfonso Santos.

Durante la manifestación vía teléfono el Presidente de la República concertó con el obispo de Copán reunirse con la dirigencia de la Alianza Cívica por la Democracia, el martes primero de agosto en San Pedro Sula, para discutir las demandas.

Monseñor Santos informó a las bases sobre el compromiso del gobierno de reunirse y amenazó con continuar la lucha si el gobierno no cumplía con su promesa.

Negociación
Luego de una prolongada reunión realizada el pasado primero de agosto en San Pedro Sula, el presidente Manuel Zelaya, se comprometió a no otorgar más permisos para la explotación minera de cielo abierto, como primer paso para continuar el diálogo con los representantes de la Alianza Cívica por la Democrácia.

El presidente Zelaya informó que los acuerdos son parte de los avances en las negociaciones, en donde se analizó la Ley de Minería, donde se concluyó que algunos artículos son inconstitucionales porque violentan los derechos de los ciudadanos.

“Las concesiones tienen que ser derogadas, ya que son inconstitucionales porque se han otorgado para explotación de bancos de material a perpetuidad, lo que no puede estar sucediendo” expresó el mandatario.

Por su parte el Obispo Santos, se mostró satisfecho por los acuerdos logrados, pero a la vez advirtió que a raíz de la amenaza gubernamental con mandar a la cárcel a quienes se manifiesten con tomas de puentes y carreteras, tendrán que buscar otras medidas y que la próxima vez que el gobierno le de la espalda al pueblo, se declarará en huelga de hambre con todos sus feligreses.

Michelety ignorante
En relación al cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que está contenido en el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Santos señaló que ese tema “ni lo conocía el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheleti, a pesar que lleva 20 años como diputado”.

Añadió que como obispo y delegado de la Conferencia Episcopal para las Etnias “tengo que estudiarlo, leerlo, socializarlo y formar comisiones de estudio, porque no podemos exigir que se cumpla algo que no conocemos”.

El Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, fue tajante al manifestar en una reunión sostenida en San Pedro Sula con los miembros de la Alianza Cívica por la Democracia, hace 2 días que no derogaran la Ley de Minería porque implica demandas internacionales.

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