La creación y proliferación de las escuelas Proheco, nacidas para llevar enseñanzas hasta las localidades donde aún no se extiende la educación pública, se ha convertido en una forma de privatización del sistema educativo nacional. Las escuelas Proheco se mantienen gracias a los fondos de las municipalidades y con financiamiento del exterior del país, lo que significa que al no poderse mantener con estos fondos por más tiempo se va a privatizar, entonces los padres de familia deberán pagar por la educación de sus hijos, lo que contradice el señalamiento de la Constitución de la República en que el pan del saber es una obligación del Estado y de manera gratuita. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, Fomh, denuncia que otra de las serias críticas hacia las escuelas Proheco es que quienes en ellas imparten las clases no son maestros. Son peritos mercantiles, secretarias, ingenieros, licenciados o abogados, promotores sociales y demás profesionales que no son docentes, ni pasaron por las aulas donde se aprende la pedagogía, lo que viene en un mayor detrimento de la cultura educativa y de la permanente lucha por la educación nacional y de los intereses colectivos que por décadas efectúa ante el gobierno el gremio magisterial. Iris Jeaneth Ventura, activista de la Fomh, explica que con la creación de las Proheco el gobierno hace uso de ellas para destruir al gremio magisterial. Varios años han pasado desde cuando se crearon las primeras escuelas Proheco en las zonas lejanas de la urbe, pero ahora se les encuentra a la par de las escuelas públicas de la ciudad. Para el caso, en el casco urbano de El Progreso ya se contabilizan cerca de media docena de ellas.
