La burla en contra de los ex trabajadores de la empresa maquiladora Intertex Apparel Manufacturing S, A (IAMSA), tuvo su clímax el pasado doce de diciembre en el municipio de Choloma Cortés, los 429 empleados con que contaba esa empresa al momento de la suspensión de labores, cobraron en una agencia bancaria el tres por ciento de sus derechos laborales, recuperado a través del remate de bienes de la empresa.
La fábrica de capital coreano funcionó en el parque industrial ZIP INDELVA y suspendió operaciones temporales por 120 días el 15 de agosto del 2001 alegando la falta de materia prima y obtener pocas utilidades, aunque la versión fue desmentida por los trabajadores, no fue posible evitar las intenciones de los empresarios.
La maquinaria era la única garantía con que contaban los obreros para recuperar el pago de sus prestaciones, pero su propietario Willie Chiu aprovechando el cierre temporal procedió a la extracción de la maquinaria, al darse cuenta los trabajadores trataron de impedirlo, pero su reacción fue demasiado tarde porque al interior de la empresa solo quedaba una pequeña parte que sólo alcanzó para cubrir el tres por ciento de sus derechos.
Una nueva página se ha escrito en la historia obrera de nuestro país, aunque económicamente es mínimo el porcentaje recuperado por los trabajadores, su mérito es grandioso. La valentía con que estos 429 obreros desafiaron al gobierno y a los empresarios exigiendo justicia, es digno de reconocer.
La miopía con que el gobierno ve la problemática laboral, hizo que los obreros de IAMSA una y otra vez se manifestaran públicamente hasta tomarse las instalaciones del parque industrial, porque en el Ministerio del Trabajo no veían la existencia de una voluntad para resolverles su problema.
La dificultad por la suspensión hizo reaccionar a los trabajadores que con apoyo de su apoderado legal Salvador Espinoza y del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), presentaron su oposición ante el Ministerio del Trabajo, fundamentada en que la notificación de la misma se realizó 24 días antes y no en 30 como lo establece la ley, la falta de materia prima no era aplicable por existir suficiente en el país, y que la empresa no estaba operando con mínimos razonables de utilidades, sino con fabulosas ganancias.
La negligencia gubernamental era manifiesta, la empresa mantenía a 19 trabajadores que juntamente con el personal administrativo sacaban contenedores de material para ser procesado en otras fábricas como Alamode, Countrywide y Stanford entre otras.
Fue hasta el 20 de febrero del 2002, cuando el empresario Wilie Chiu, se reunió con el Ministro del Trabajo German Leitzelar y la encargada de asuntos laborales de la embajada de los Estados Unidos, Susan Flek, allí se acordó el pago del 50% de los cinco millones de lempiras que correspondían a los trabajadores en prestaciones laborales, pero estos acuerdos que no dieron ningún resultado debido a que el empresario ese mismo día salió del país dejando burlados no solo a los obreros sino también a las autoridades.
Entre los trabajadores muchos ya contaban con 5, 6 y hasta 7 años de laborar en esa empresa, ahora algunos han logrado colocarse en otras fábricas, pero la mayoría se encuentra desempleada debido a que su edad no les permite conseguir trabajo en otro lugar tomando en cuenta la exclusión laboral existente en el país para las personas que sobrepasan los 35 años de edad.