Campesinos del MUCA y representantes estatales concluyen acuerdo

Según el titular del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, el acuerdo obtenido incluye la distribución de 6 mil hectáreas de tierra, distribuidas en 3 mil hectáreas cultivadas de palma africana y 3 mil hectáreas de tierra inculta. Y, en el término de un año, los campesinos obtendrán 5 mil más, de estas últimas 4 mil sin cultivar y una hectárea cultivada.

Además de apoyo técnico y crediticio, que favorece a unas cinco cooperativas agrícolas de la región, el acuerdo incluye remedir ciertas áreas de tierra y de encontrarse un sobre techo, éste también será adjudicado al campesinado del Bajo Aguán.

El proceso de reajuste agrario será complementado por un programa integral de desarrollo de salud, educación y vivienda.

El convenio de redistribución logró que se ratificaran partes de la propuesta inicial discutida, principalmente en lo que corresponde a que las tierras “no podrán nunca ser garantía de comercialización, ni serán vendidas en ninguna circunstancia.”

En el debate participaron, además de los titulares del régimen y su titular, Porfirio Lobo, y los campesinos del MUCA, Rafael Alegría de La Villa Campesina y Andrés Pavón del Comité de Derechos Humanos (Codeh), entre otros.

Alegría informó que se convino en que los militares que fueron apostados en el área, serán retirados de inmediato, en tanto que los campesinos deberán replegarse en las primeras tres mil hectáreas de tierra cultivada que fueron obtenidas de la negociación, únicamente, y se comprometen a desalojar el resto de las tierras tomadas.

Sobre los mecanismos de coinversión, serán estudiados por los campesinos, o podrán decidir una forma alternativa de comercialización, explicó Alegría.

Quién también informó que se obtuvo el compromiso de “concluir la remedición en a un plazo de 90 días y una comisión jurídica determinara la legalidad de las tomas que se dieron en el país.”

En opinión de Alegría, los campesinos están satisfechos “en cierto medida”, pues consideran que “no es una solución definitiva del conflicto, sino que es una solución que trae calma a la zona”, pues con el acuerdo incluye impulsar el estudio de una ley que encamine a una solución permanente del conflicto de tierras en Honduras.

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