En este momento en Honduras, estamos en un estado de facto no hay Constitución ni poderes constituidos por haber sido destruidos por la fuerza, en nuestro caso por el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Las elecciones del próximo 29 de noviembre no podrán resolver este problema fundamental, porque sus resultados estarán al margen de los valores propios de la concepción más elemental de la formación del estado de derecho.
Al romper la Constitución los poderes constituidos desaparecen y son suplantados por poderes de facto. Esto implica el trastorno de todo el sistema jurídico que solamente puede restaurarse con la acción primigenia de la voluntad popular o la modalidad que se había propuesto en el Plan Arias.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José, para restaurar la democracia, fue el instrumento político propuesto para restituir legalmente el orden constitucional y realizar elecciones legítimas. El acuerdo fue incumplido en sus tiempos y en su forma por el régimen de facto.
La convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de Facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el gobierno de unidad y reconciliación o que el poder constituyente haya restablecido el Estado de derecho, son una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo.
Considerando lo anterior, es urgente presentar soluciones legales a esta crisis, posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas, para que nos devuelva al estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional con un acuerdo político o irremediablemente, tendrían que repetirse hasta que sea restaurada la voluntad del soberano.
EN ESTE CASO REPROGRAMAR LAS ELECCIONES DEBE SER UNA CONDICION QUE PERMITA LEGITIMARLAS
GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE HONDURAS
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES