Se trata de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chevez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, quienes de forma arbitraria e injustificada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El despido de los funcionarios del poder judicial representa un zarpazo más para un pueblo hambriento de justicia, pues desde la ruptura del orden constitucional los cinco funcionarios despedidos, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, asumieron una posición de condena al golpe de Estado, participaron en manifestaciones pacificas, hicieron denuncias publicas y acciones legales orientadas a tutelar las garantías constitucionales.
En represalia a sus acciones las autoridades del poder judicial abrieron expedientes disciplinarios en contra de los funcionarios, aunque éstos presentaron las pruebas necesarias para disolver el caso, el miércoles cinco de mayo en horas de la noche, el pleno resolvió su despido.
“Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociación de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el pleno de la Corte está mandando el mensaje de que los jueces no pueden ser críticos y que deben de ser sumisos y obedientes y que vale más un juez sujeto a las directrices y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente” , reza un comunicado entregado a los medios de comunicación.
La represión de la Corte Suprema de Justicia contra los jueces honestos, pone en evidencia que el presente gobierno es una continuación del golpe de Estado y contradice el discurso de Porfirio Lobo Sosa cuando afirma buscar la reconciliación nacional. Esta situación debe llamar a la reflexión de las organizaciones populares y del Frente Nacional de Resistencia Popular a fin de brindarles el apoyo necesario para que los tres jueces, la magistrada y el defensor publico despedidos, sean reincorporados en sus puestos de trabajo.
El despido de los cinco funcionarios del poder judicial fue dado a conocer por los mismos afectados en conferencia de prensa realizada hoy, en San Pedro Sula “ se nos despide por sostener que el 28 de junio lo que hubo fue un golpe de Estado y eso lo sigo sosteniendo. Muchos compañeros han ofrendado sus vidas por esa causa y nosotros porqué vamos a temer” manifestó enérgicamente el abogado Ramón Enrique Barrios.
Además de los periodistas que cubren la fuente, a la conferencia de prensa también llegaron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron su repudio a la determinación de la Corte Suprema y dieron sus muestras de solidaridad no solo a los funcionarios despedidos, sino al pueblo hondureño que ha sido afectado con su despido.
Antecedentes
El treinta de junio, la Asociación de Jueces Por la Democracia (AJD), institución a la que pertenecen los funcionarios cesanteados, interpuso los recursos para la persecución criminal de los diputados del Congreso Nacional y contra el pleno del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, rebelión, traición a la patria, allanamiento de morada, expatriación ilegal del presidente Zelaya, de la Canciller de la República y otros de sus funcionarios. El documento lo presentaron ante el Fiscal General de la República, Luís Alberto Rubí Rodas.
Los denunciados son Romeo Vásquez Velásquez, Miguel García Padgett, Juan Pablo Rodríguez y Luís Javier Prince, miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roberto Micheletti Baín, José Alfredo Saavedra, Ramón Velásquez Nazar y los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resolución o decreto mediante el cual se destituyó a José Manuel Zelaya Rosales de su condición de Presidente Constitucional de la República.
En la misma fecha la abogada Claudia Hermandorfer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el juez Guillermo López Lone, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, el fiscal Víctor Fernández, la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula,Tirza Flores, el defensor público Osman Fajardo y el ciudadano Ben Hur López se apersonaron ante la Sala de lo Constitucional a interponer un recurso de amparo pidiendo se ordenara la repatriación del presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
El recurso de amparo sostiene que se violó el derecho de permanecer en el territorio nacional, según los artículos 81 y 102 de la Constitución de la República y 22.5 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal contenido en los artículos 69 y 84 de la Constitución de la República y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.