Los nombres de los 4 campesinos presos es: Mario Álvarez, Nelson Álvarez, Heliodoro Amador y Alonso Andino. En el marco del arresto otras personas adultas y menores de edad fueron amenazados por los policías que apuntaban con los fusiles.
El primero de octubre llegó otro comando de policías que obligó a la esposa del secretario general del grupo quién había sido capturado el día anterior, a firmar un papel cuyo contenido desconocía porque no le permitieron leerlo mientras le apuntaban a la cabeza con armas de fuego. Sacando deducción de las pláticas escuchadas entre los policías, los campesinos suponen que se trata de un escrito que busca comprometerlos para que salgan del terreno dentro de los próximos 60 días.
El arresto de los campesinos constituye una clara violación de las leyes de la República de Honduras ya que el Decreto 18/2008 en su artículo 10 establece que “La expropiación o recuperación de los predios afectados, por aplicación del presente Decreto, surtirá el efecto de extinguir las acciones civiles y sobreseer las acciones penales incoadas en contra de los ocupantes del predio expropiado por proceso que haya sido iniciado por estas causas.”
Una constancia del Instituto Nacional Agrario del 11 de septiembre 2008 dice que la “Empresa Asociativa Campesina Unión y Fuerza entró en la lista de expedientes que seleccionó la Comisión integrada conforme lo establece el Decreto 18/2008, por lo tanto el terreno que ocupan los integrantes de la EAC Unión y Fuerza ha sido expropiado.”
El Decreto 18/2008 establece que se suspendan todas las acciones civiles y penales incoadas en contra de los ocupantes del predio expropiado. Por lo tanto el encarcelamiento de los 4 socios de la EAC “Unión y Fuerza” es ilegal y violatorio a la ley. Además constituye una violación de los derechos humanos ya que viola el derecho a la libertad y la prohibición a la detención arbitraria.
En tal sentido Fian Honduras exige a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos la intervención adecuada para restablecer la libertad de las 4 personas presas, la investigación del arresto, hostigamiento y la acusación de los hechores materiales e intelectuales.
Asimismo exige al Instituto Nacional Agrario, la garantía de tenencia de la tierra del grupo campesino conforme al decreto 18/2008 y la implementación efectiva del mismo decreto a favor de todos los grupos campesinos seleccionados por la Comisión competente.