Por: COMUN. 25 de julio 2007
La Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a la opinión pública nacional, a los medios de comunicación y Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos manifiestan:
Que el pasado 17 de julio, mientras se desarrollaban manifestaciones pacíficas en el territorio hondureño, para exigir al Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Minería, los cuerpos de seguridad del Estado actuaron en contra de los manifestantes, haciendo uso innecesario de la fuerza y extralimitando su accionar en contra de civiles desarmados, dejando un saldo de 3 personas heridas de bala, 14 lesionados con heridas considerables y más de 70 detenidos que fueron objeto en algunos casos, del robo de dinero y algunas pertenencias.
Ante estos hechos que son de conocimiento público de la ciudadanía, la Alianza Cívica por la Democracia y el COFADEH comunican lo siguiente:
1. Responsabilizamos al ministro de Seguridad Álvaro Romero y al alto Comisionado de Policía para la zona Nor-Occidental Napoleón Nazar por sus actuaciones intransigentes que impidieron un arreglo pacífico basado en el diálogo y que por el contrario instruyeron a sus subalternos a actuar con alevosía y ventaja en contra de civiles compuestos por hombres, mujeres, jóvenes y niños que exigían el derecho a ser escuchados por sus representantes en la Cámara Legislativa y ha manifestarse pacíficamente en reclamo de la aprobación de una nueva ley de minería.
2. Aclaramos que el joven Elder Carranza a quien se identifica como un policía que fue herido en la manifestación, es en realidad un campesino que fue herido de bala por un irresponsable efectivo policial, que accionó su arma de reglamento en contra de la humanidad de Elder Carranza. Dicho atentado afectó órganos internos del joven que lo mantiene en condiciones recuperación médica.
3. Exigimos al Fiscal General de la República Leónidas Rosa Bautista que instruya a la Fiscalía de Derechos Humanos para que actúe con celeridad en este caso, para demostrar los abusos cometidos por agentes policiales, que se identifique a los culpables y que se libren requerimientos fiscales en contra de los responsables materiales e intelectuales de la brutal acción policial.
4. Condenamos la brutalidad con que se trató a los sacerdotes Marco Aurelio Lorenzo de la parroquia de Macuelizo Santa Bárbara, Reginaldo García Vicario de la Diócesis de Santa Rosa de Copán y Mario Francis párroco de San Juan Intibucá quienes defendiendo la lucha fueron atropellados por los efectivos policiales repitiendo de esta manera una práctica que se ejecutó en la década de los ochenta, cuando se persiguió, reprimió y asesinó a líderes religiosos que se pronunciaron en contra de las injusticias y de la brutalidad del Estado.
5. Lamentamos los hechos violentos protagonizados por agentes policiales en contra de jóvenes indefensos menores de edad, que acompañaron las manifestaciones, porque con tales actuaciones, se han violado los derechos consignados en la constitución de la República y los Tratados Internacionales que establecen los derechos humanos de la niñez y juventud.
6. Hacemos un llamado al Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales para que controle las acciones de sus subordinados, que no le dé la espalda a los reclamos del pueblo y que no preste atención a los manipuleos que la Secretaría de Seguridad ha hecho, para esconder los vejámenes cometidos contra la ciudadanía que participó en las protestas.
7. Condenamos las acciones emprendidas en contra de algunos periodistas que realizaban su labor de cobertura de los hechos aquí descritos, porque con ello se violenta la libertad de expresión en el país y se obstruye el acceso a la información a que tiene derecho el pueblo hondureño.
8. Finalmente la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y el COFADEH presentarán en los próximos días, un informe detallado de los hechos que hoy se denuncian, a una misión de Amnistía Internacional que visitará el país.
Santa Rosa de Copán, miércoles 25 de julio de 2007