Todos coinciden en que la Ley laboral es obsoleta y amerita ser actualizada. Sin embargo, las razones y propósitos son diferentes entre trabajadores por un lado y el gobierno y los patronos por otro.
Los obreros quisieran que la ley sea mas clara, no con tantas lagunas que permiten a los patronos evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Que se establezcan sanciones de peso cuando se incumple la ley, que se incluya como enfermedades profesionales las provocadas en las industrias y empresas que no existían hace 50 años que se elaboró el Código de Trabajo. En general, un trato más justo para la clase trabajadora.
Los patronos y gobierno al hablar de actualización se refieren a adecuar el Código a las propuestas de flexibilización laboral: terminar con el salario mínimo y que el salario lo fije la oferta y la demanda, que no exista límite en las jornadas laborales, que se permitan libremente los trabajadores temporales y no haya estabilidad en los puestos, hacer imposible la organización de los trabajadores, que desaparezcan los contratos colectivos, eliminar los beneficios sociales y dejarlos a la buena voluntad del patrono. Que el Estado no intervenga en los conflictos y los mismos se resuelvan por comisiones manejados por los empresarios.
La empresa privada, con Mario Canahuati a la cabeza, asegura que la competencia se encargará de que los patronos ofrezcan las mejores ventajas para atraer mano de obra.
Quieren ocultar que hay miles de personas desempleadas y que aunque lo traten como animal, las personas aceptan un empleo por la necesidad de conseguir aunque sea para la comida.
En fin, cuando los patronos hablan de la necesidad de reformar la ley, están pensando legalizar los atropellos y violaciones a los derechos laborales que están cometiendo.
De los diputados y el gobierno no se puede esperar nada diferente. Ahí están los empresarios y funcionarios destructores de sindicatos, que pagan salarios de hambre, ladrones de cientos de millones en prestaciones a las obreras y explotadores de abundante mano de obra infantil en el comercio o las plantaciones en condiciones de trabajo muy parecidas al esclavismo.
Por eso las centrales obreras han tenido temor de iniciar reformas al Código del Trabajo, pues en vez de lograr elaborar una mejor ley, mas bien se podrían eliminar los derechos conquistados hace 50 años con la gran huelga de 1954.
Antes de proponer reformas al Código debería garantizarse que se cumplan los derechos ya establecidos. Aunque no se concedieran nuevos derechos, los trabajadores y trabajadoras mejorarían mucho si tan solo se cumpliera con la ley actual.
Lo anterior significaría que todos estarían afiliados al Seguro Social, no habría restricciones para buscar atención médica y no morirían más obreras en sus puestos de trabajo por falta de oportuna atención médica o no quedarían lisiadas de por vida después de haber sido expuestas a condiciones insalubres de trabajo.
Se respetarían los derechos por maternidad y no habría pruebas de embarazo para contratar, las madres tendrían guarderías y no gastarían en pagar para que les cuiden sus hijos. Ya no habría despidos injustos, a nadie le robarían sus prestaciones ni las vacaciones, a todos los que les corresponde se les pagaría el transporte y habría oportunidad de trabajar y estudiar
Al respetar la actual ley tampoco habría niños trabajando como adultos por la mitad del sueldo, ni contratos temporales para puestos permanentes, se contrataría más gente y no habría necesidad de laborar horas extras porque se pagaría un salario que cubriría las necesidades básicas. Y lo más importante, no existirían las listas negras por sindicalistas y todos los obreros y obreras estarían organizados y podrían contribuir a optimizar las condiciones en el empleo.
Los trabajadores debemos tener cuidado. Algunas propuestas que aparentemente parecen beneficiarnos, a la larga son maniobras para explotarnos aún más. Las reformas al Código del Trabajo deben ser integrales y no por retazos, deben servir para actualizar los derechos de los trabajadores y no para ponerla a tono con las políticas de libre mercado que eliminan los derechos conquistados hace más de un siglo.
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