Empleados públicos rechazan la privatización de centros de salud

De forma indefinida se mantiene tomada las instalaciones del centro de salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula y la Dirección Regional de Salud No 3, donde participan representantes de varias organizaciones de trabajadores ligadas a la Secretaría de Salud Pública, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) y de la Coordinadora Nacional de Resistencia (CNRP), quienes no permitirán la descentralización o privatización de los servicios públicos.

Dentro de los planes del gobierno por deshacerse de la obligación de dotar de servicios públicos a la población hondureña, ha incluido la descentralización de los servicios de salud. Actualmente se habla de trasladar a la Municipalidad de San Pedro Sula la administración de los centros de salud de esta ciudad, mientras en el municipio de Corquín Copán el centro de salud y la Clínica Materno Infantil, estaría siendo concesionada a una Organización Privada de Desarrollo, denominada ODECO.

Faustino Martínez, empleado de la salud y miembro de la CNRP, manifestó que las protestas continuarán hasta que el gobierno de la república se comprometa a no continuar con el proceso de descentralización y anunció que a partir de mañana se estarían uniendo los empleados del Hospital Mario Catarino Rivas, quienes iniciarán con asambleas informativas.

Informó sobre una reunión que los representantes de diferentes organizaciones de trabajadores de la salud con la Ministra de Salud Pública, con el fin que ésta secretaría de Estado se comprometan a no continuar con el proceso de descentralización de la salud. “Esto es a lo que nosotros le llamamos privatización por dentro, porque se trata de trasladar unos pocos centros de salud a las municipalidades o a ong´s que puedan servir de modelo de gestión a través de la descentralización”, afirmó Martínez.

Asimismo dijo que las autoridades ya intentaron descentralizar varios centros de salud en municipios del departamento de El Paraíso, pero gracias a la protesta popular declinaron en sus propósitos y los centros asistenciales siguen siendo manejados por el Estado.

Por su parte Ana Ulloa, secretaria de conflictos de la seccional 40 del Sitramedhys, confirmó la continuación las medidas de presión porque sólo en la Zona Metropolitana del Valle de Sula, existen más de 17 centros de salud que estarían siendo afectados, sobre todo porque “sabemos que detrás de todas estas ongs están los políticos”.

Reveló que todo se debe a la donación de 44 millones de dólares por parte del gobierno de Italia, mismos que han sido condicionados para que se manejen a través de organizaciones no gubernamentales y de las municipalidades, “pero si realmente esto tuviera buena intención se haría a través del Ministerio de Salud” expresó la dirigente de sindical.

En tal sentido hizo un llamado a la población a sumarse a la lucha para defender las instituciones del estado, pues al privatizarse los servicios, llegará un momento en que la gente no tenga acceso por el incremento en el costo y por ese motivo, “no se van a suspender las medidas de presión hasta que la Ministra Yenny Meza no se comprometa suspender los planes de privatización”concluyó Ana Ulloa. Comun

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