Aldo Santos, fiscal del Ambiente.
El “blanqueo” forestal, como se le conoce al trámite y emisión irregular de licencias ambientales, cuando de ser ilegales pasan a convertirse en documentos autorizados, ha ido en aumento. Inicialmente se detectaron cinco licencias ambientales que en menos de nueve días fueron emitidas a particulares por las autoridades del gobierno interino.
“La Fiscalía ya cuenta con las primeras informaciones de algunas licencias que creemos deben ser revisadas porque en menos de nueve días se dieron licencias ambientales en el gobierno anterior y eso sí nos asusta porque en tantos años de estar acá con el tema del ambiente, materialmente es imposible que una tan sola licencia ambiental se dé en nueve ó diez días”, explicó el fiscal del Ambiente, Aldo Santos.
Santos dijo que “eso genera bastante suspicacia, cuando en la Fiscalía se informa que una licencia fue otorgada en nueve días, lógicamente hay algo raro, por lo que la Fiscalía en razón de esa información pidió un recuento a la Secretaría General de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), de la última gestión tanto del gobierno de Manuel Zelaya, como en los siete meses del gobierno de Roberto Micheletti Baín, para analizar el proceso que utilizaron”.
Asimismo, señaló que la investigación a profundidad ya está abierta. “Nos hemos reunido con todo el personal y en la medida que nos llegue más información se irán abriendo más denuncias para investigar la legalidad e ilegalidad de las licencias que consideramos son más que las cinco ya identificadas”, apuntó.
En las investigaciones de oficio, el fiscal manifestó que entre las licencias que investigan, algunas fueron emitidas para la construcción de represas hidroeléctricas en la zona de La Ceiba, Atlántida. Las otras fueron otorgadas a los interesados en explotar recursos y materiales no metálicos en los ríos en la zona norte, sobre todo en Choloma, Cortés.
“Estas denuncias de construcción de represas en La Ceiba van bien adelantadas las investigaciones y nuestro personal ya regresó del lugar, tenemos decomisados expedientes, declaraciones de personas y probablemente en esta semana tendremos respuestas y podrían darse requerimientos fiscales a las autoridades que firmaron estos permisos”, advirtió.
“La Fiscalía no es que se está oponiendo a que hayan más represas porque sí las necesitamos, pero estas deben de construirse respetando la ley, la Constitución y, sobre todo, a la naturaleza con las medidas de mitigación que realmente corresponden y no las que un funcionario otorga para ayudarle a un amigo o a un miembro del partido político, eso es actuar de manera irresponsable”, puntualizó.
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