Los miembros de la Comisión prometieron en su juramento, uno por uno, “imparcialidad” en el trabajo que les ha sido encomendado.
Eduardo Stein, presidente de la Comisión, explicó que su labor no busca “establecer sanciones judiciales “, sino entregar al pueblo hondureño los “elementos” para que los hechos ocurridos “no se repitan.”
Stein refirió que se propone “una búsqueda infatigable, generosa y concienzuda de los elementos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad.”
Aclaró que no prometen un “detalle de los hechos”, porque para eso entonces “es mejor contratar a un historiador.” Los miembros de la Comisión se proponen “investigar, sobre todo, los hechos más visibles”, esto incluye “lo relacionado a los derechos humanos, pero también los hechos de corrupción. “
Stein, se quejó de que “algunos quieren descalificarla [la comisión] diciendo que servirá sólo como elemento de vitrina para pasar la página de lo que sucedió.”
Declaró que actuará conforme a los valores democráticos de su vocación, “no queremos excluir a nadie, no haremos más que aportar al esclarecimiento de la verdad.”
Y amplió, “no excluiremos a nadie que pueda compartir su propia experiencia de lo que vivieron”; y no quieren “excluir” ningún tema por “difícil” que sea, por eso “incluiremos los hechos de corrupción.”
Destacó que su esfuerzo estará dedicado a las hondureñas y los hondureños, “al pueblo noble, generoso y amante de la paz que debió llevar las consecuencias de esta crisis política.”
La Comisión ha a sido recibida con poco entusiasmo y desconfianza por agrupaciones de derechos humanos y una mayoría de la población hondureña integrada en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que ha criticado que la Comisión está formada por personas y representantes de países que sostienen una posición muy cercana a los actores del golpe de Estado, que se conformó sin participación de los opositores al Golpe, y con una amnistía general anticipada a la investigación de los hechos.
El FNRP decidió instalar una comisión de la verdad, alternativa, coordinada por la Plataforma de los Derechos Humanos de Honduras y por defensores internacionalistas de derechos humanos como Alfredo López Esquivel, premio Nobel de la Paz y Rigoberta Menchú Tun, también Nobel de la Paz.
La Comisión de la Verdad del régimen de Porfirio Lobo, está integrada por el ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala, Eduardo Stein, como coordinador; por Michael Kergin, diplomático de carrera canadiense; y por la jurista peruana, María Amarilia Valladares Zavala.
Además de los nacionales, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Jorge Omar Casco; la rectora actual de esa, Julieta Castellanos; y el hondureño, Sergio Membreño, quien asumirá como secretario técnico en la primera sesión de trabajo, como indica el artículo 7 constitutivo de esa Comisión.
La Comisión estaría siendo financiada por países como Suecia, Japón, España Estados Unidos, Canadá y la Organización de Estados Americanos (OEA). En ocho meses, los comisionados presentarán un primer informe.
DC04052010