Blanca Jeannette Kawas era Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE), tenía 48 años, cuando fue asesinada de un balazo en su casa, la noche del 6 de febrero. Para todos fue claro que se trató de un asesinato por encargo, mismo que hasta ahora permanece en total impunidad. La investigación de su caso se encuentra inactiva desde el año 1996.
Varias marchas en todo el país han exigido el esclarecimiento de este crimen, las más concurridas y emotivas en la ciudad puerto de Tela. Greenpeace en Centroamérica se hizo eco de la demanda de los hondureños, exigiendo también claridad y castigo en una carta que enviaron al gobierno.
La ambientalista, se oponía a la explotación comercial del área de Punta Sal donde habitan más de 1,500 garífunas que resultarían afectados.
El 14 de enero de 2002, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres peticiones individuales en las que se responsabiliza internacionalmente al Estado de Honduras por los asesinatos de Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y Carlos Luna López.