El abogado Ramón Barrios, juez de la Sala A del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Thirza Flores Lanza, y hermana del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el titular del Juzgado de Violencia Doméstica de San Pedro Sula, Luis Chévez de la Rocha; el titular del Juzgado de Sentencia de esa ciudad y esposo de la magistrada Lanza, Guillermo López Lone; el defensor público de San Pedro Sula, Osman Fajardo y el juez de los tribunales de Intibucá, José Flores Ponce, no lograron recibir la notificación y esperan que ésta se haga efectiva el próximo martes cuando el Pleno ratifique el acta.
El juez de Sentencia expresó en una entrevista que extraoficialmente conocen que de los 15 magistrados, cinco votaron en contra y aunque saben los nombres no pueden difundirlos porque no es oficial.
Barrios dijo que hicieron la petición porque se sienten afectados con la decisión y para reivindicar sus derechos en las instancias nacionales e internacionales, para lo cual es necesario comenzar a cumplir con lo que señala la ley.
“Nosotros pretendemos llegar y demandar a la Corte Suprema de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. La CIDH es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
TODOS SON MIEMBROS DE ASJ
El conocido abogado expresó que coincidentemente los separados son miembros activos de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), lo que les hace concluir que la decisión de la mayoría de magistrados obedece a razones políticas y no a faltas cometidas por los profesionales del Derecho.
Barrios, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), subrayó que califican la decisión como política porque ninguno de los jueces separados tiene acusaciones, actos de corrupción.
Los cinco puntos en que se basa la Corte Suprema para separarlos, insistió el abogado, son por haber participado en marchas pacíficas el año anterior, por haber presentado recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, por haber reprendido a la fuerza pública en las violaciones de los derechos humanos en marchas pacíficas a favor de los ciudadanos y por haber publicado, en su caso, un artículo en el que opinó que la sustitución del ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, fue un golpe de Estado.
Expresó que durante las audiencias de descargo, presentaron una circular que la oficina de personal de la Corte Suprema envió a los empleados de ese Poder del Estado para invitarlos a participar en las marchas de los opositores a Zelaya Rosales.
Eso significa, comentó Barrios, que la propia Corte incentivaba a participar en el golpe de Estado que fue bautizado por ese poder como una sucesión constitucional.
LA CIFRA
5 jueces y una magistrada son los despedidos por diez de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).