Sólo mediante miopía o actitud interesada, se puede alegar que hay que reconocer estas elecciones dependiendo del grado de transparencia con que ocurran los comicios, como si sólo se tratara de marcar papeletas y contarlas. De remate los observadores, que llegaron al país 24 horas antes del día de las elecciones, no son más que exponentes y comparsas de la derecha internacional, madrina del Golpe de Estado. Eso es como poner al zorro a cuidar a las gallinas.
Hay que pensar que somos torpes para que nos quieran convencer que la transparencia de los resultados depende solamente de lo que ocurra en un día y no durante todo el proceso.
Decir que las elecciones son legales porque fueron convocadas cuando Zelaya estaba aun en el poder, es como que un bus puede seguir su ruta sin problemas, aunque en pleno camino se encuentre con un alud que corta la carretera, solo porque hasta cierto punto del recorrido todo iba bien.
Aceptar que las elecciones son legales, después de haber interrumpido violentamente y sin el debido proceso el gobierno de Zelaya, es admitir que eso no fue un golpe, o que sí lo fue pero que un golpe de estado no rompe el orden constitucional.
El de Honduras es, por precepto constitucional, un Sistema Republicano y alegar que su constitucionalidad permanece inalterada con dos poderes constituidos en vez de los 3, es como pretender sostener en pie una mesa de tres patas, cuando se le ha quebrado una.
El proceso está viciado desde que los partidos políticos tradicionales y derechistas, como siempre lo han hecho con todos los puestos estratégicos, se repartieron las plazas del Tribunal Superior Electoral, para colocar allí a personas cuyo mérito más importante es su reconocida carrera político-partidista. Magistraturas que, además, al menos dos de los 3 no podrían ocupar, porque actualmente están elegidos para puestos de elección popular. “Clarito” dice la Constitución que no puede ser nombrados magistrados del TSE, quienes estén postulados u ostenten puestos de elección popular y David Matamoros Batsun es diputado y Enrique Ortéz Sequeira, es regidor de la Corporación Municipal del Distrito Central.
No puede haber un proceso transparente, cuando se persigue las ideas y el pensamiento divergente, como si se tratara de una amenaza armada.
Estas elecciones son una especie de contienda interna dentro de la derecha. Y es que así ha sido siempre. En Honduras lo que tenemos es un solo partido oligarca que realiza elecciones internas cada cuatro años para decidir cual de sus dos corrientes, la liberal o la nacionalista, encabezará el aparataje de poder por el siguiente cuatrienio.
Así pasan elecciones tras elecciones para cambiar cara, pero asegurándose de haber cerrado toda posibilidad a toda persona que no provenga de su círculo o no les sea servil.
¿Cómo pueden ser transparentes unas elecciones impuestas a punta de asesinatos, bombas lacrimógenos, palizas, balas, muertos, toques de queda, suspensión de garantías constitucionales, control de la información a través un cerco mediático y el cierre de los medios divergentes? ¿Se podrá precisar la transparencia a partir de lo que ocurra en las últimas 12 o 24 horas del proceso? ¿Dirán que fueron transparente las elecciones tan sólo porque una porción de los convocados llegó a votar y los votos se contaron correctamente, aun cuando un importante sector no encontró condiciones para su participación y no haya podido realizar su campaña debido a la hostilidad oficial y la persecución? ¿Quién va ha certificar la transparencia de los comicios y bajo que parámetros lo hará? ¿Lo van a calificar obviando todo lo que antecedió al día que se acudió a las urnas? ¿Cómo va a valorar la comunidad internacional el grado de transparencia, si no envió observadores oficiales? ¿Será que va a confiar en la calificación que hagan los supuestos observadores enviados por la derecha internacional que apadrinó el golpe?
El problema de Hondura no es la falta de unas elecciones como las que siempre se han hecho, si no la desilusión de los hondureños y las hondureñas y el desgaste de todos el sistema político e institucional a causa de la falta de respuesta a las necesidades y aspiraciones de las grades mayorías. El problema es la concentración de la toma de decisiones en unas pocas personas y el manejo del estado como si fuera el patrimonio familiar de unas cuantas familias que, para colmo, recién aparecieron en la escena nacional. El problema es el abuso del poder para beneficiar a unos pocos y en detrimento de las mayorías. El problema es la corrupción y la impunidad.
Ese problema no se resuelve tan sólo con elecciones y menos si estás son cuestionadas y desiguales cómo nunca antes. Lo que queremos los hondureños y hondureñas es una Honduras de todos, no de unos pocos. Eso es lo que esperamos que sea visible a través de la transparencia.