En la actividad participaron los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que respaldan la lucha, jueces, magistrados y unos 350 empleados más.
Hace varias semanas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició un proceso disciplinario contra los magistrados de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Fátima Baide de Mena, Tirza Flores Lanza y Armando Lozano Martínez. A criterio de la CSJ los magistrados desobedecieron una sentencia de la Sala de lo Constitucional y manda que se aplique el artículo 112 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece que en caso de desobediencia o desacato por parte de la autoridad recurrida lo que procede es un despido inmediato.
Fátima Baide de Mena asegura que en ningún momento desobedecieron la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional, pues ellos únicamente interpretaron el fallo en términos que seguramente no fueron del agrado de pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Tirza Flores, expresó que el punto central de la lucha es la defensa a la independencia judicial y al derecho de asociación. Afirma que el problema tiene su génesis en la conformación de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Asevera que la AJD optó por respaldar la lucha salarial de los empleados no viéndola desde un punto de vista económico sino que de la independencia de los jueces para impartir justicia al recibir salarios que les permita mejorar sus condiciones de vida. “Y al hablar de jueces también se habla de los auxiliares porque ellos también tienen que ver con el ejercicio de independencia judicial” recalcó Flores Lanza.
Dijo que si los empleados del Poder Judicial tuvieran la oportunidad de recibir aumentos anualmente sin necesidad de recurrir a la presión, tendrían mayor seguridad porque la lucha trae mucha incertidumbre y se percibe quelas autoridades superiores no quieren escuchar las súplicas.
Dulce Villanueva, Presidenta de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, indicó que los empleados que se mantienen en la lucha constantemente reciben amenazas de despido y la presión de algunos jueces (as) para que acepten el raquítico incremento de 700 lempiras que les ofrecen las autoridades.
“Estamos pidiendo un aumento de 1200 lempiras para todos los empleados con salarios hasta 10 mil lempiras mensuales”, confirmó la Presidenta de la Asociación de Empleados exhortando a sus compañeros a continuar en la lucha por tratarse de un acto de dignidad y no de colores políticos.
*Gerey *