El Paro Cívico Nacional fue una acción concertada por diferentes organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) y a las centrales obreras en el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Populares realizado en San Pedro Sula a inicios de febrero pasado, donde campesinos, obreros, maestros, pobladores, estudiantes y miembros de partidos de izquierda, concertaron emprender la lucha por doce puntos que incluyen unas 50 demandas de las más sentidas y postergadas al pueblo hondureño.
Las exigencias incluyen reivindicaciones de diferentes sectores desde hace más diez años en algunos casos y que a pesar de su lucha, no han logrado que el gobierno les dé una respuesta satisfactoria. “Eso motivó la realización del primer encuentro popular para tomar esas demandas y presentar un solo pliego”, expresó Carlos Amaya, dirigente de la CNRP.
Las acciones se llevaron a cabo en 20 puntos de las diferentes regiones del país con la realización de tomas de puentes y carreteras, marchas, mítines, paros de labores y asambleas informativas de los trabajadores organizados.
Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía y el ejército que desde tempranas horas de la noche de ayer, mantenían militarizadas las principales ciudades y puntos estratégicos en diferentes regiones del país. Para desalojar a los manifestantes lanzaron gases lacrimógenos y portaban escudos, toletes, tanquetas y armas de guerra. No obstante, en un acto patriótico los hondureños demostraron nuevamente que están dispuestos a reclamar sus derechos sin importar el costo que tengan que pagar.
Demandas
Derogación de la Ley Marco del Agua Potable: La norma jurídica crea las condiciones para la privatización de los servicios de agua potable en todo el país. Actualmente los acueductos son manejados por el Servicio Nacional de acueductos y Alcantarillados, juntas de aguas y algunas municipalidades, que podrían ser reemplazadas por empresas privadas.
Control de precios y aumento general de salarios: En los últimos cinco meses la escalada de los precios de la canasta básica ha provocado un desfase entre el poder adquisitivo y los salarios. De igual manera las organizaciones populares exigen la derogación del Decreto de Diferenciación de Salarios, legislación que obliga a ganar menor salario a los trabajadores de Choluteca, Valle, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara.
Respeto a los derechos de los trabajadores de las maquilas: Los trabajadores de la mayoría de fábricas se quejan por el irrespeto a sus derechos, sobre todo en lo relacionado a la libre sindicalización y contratación colectiva, pues miles de obreros han sido despedidos por tratar de organizar sindicatos.
Derogación de la Ley de Modernización Agrícola aprobada en 1992: Se ha comprobado que la legislación solo ha servido para frenar el proceso de reforma agraria, para desarraigar a los campesinos de su lugar de origen y para aumentar la miseria.
La no privatización de la educación los niveles primario, secundario y universitario: Exigen eliminar todos los obstáculos creados para impedir que los jóvenes puedan acceder a los centros educativos públicos.
No a la Municipalización de la salud: El estado mantiene un proyecto que igual al de agua potable y la educación busca transferir a las municipalidades los centros asistenciales para luego impulsar la licitación y que queden en manos privadas. Existen varias ONGs interesadas en manejar los servicios.
También demandan el cumplimiento de medidas relacionadas con el sistema ambiental. Tal es el caso de la minería, los bosques y las represas donde exigen la aprobación de leyes socializadas con las comunidades que podrían verse afectadas.
Gerey