Las excusas es la falta de proyectos de gestión, fondos para pasivo laboral, fondos para inversiones, sin embargo ante el fracaso de esta ley el Gobierno, organismos de crédito internacional y empresarios insisten con la intensión de privatización del agua.
Ante esas excusas nuestros gobernantes autorizaron una prórroga por cinco años más y sin reconocer el definitivo fracaso de esa ley. “Esas funestas acciones legales son algo insólito que sólo ocurren en Honduras, es decir que si la ley no se pudo aplicar en cinco años, mucho menos en 10”, manifiesta el dirigente de la Asamblea Popular Permanente, APP, Carlos Amaya.
Para contrarrestar tal acción este jueves 13 de noviembre el Bloque Popular presentará al gobernante, Manuel Zelaya Rosales, su propio proyecto de Ley sobre lo que debe ser la Ley Marco de Agua, para que luego el mandatario la introduzca al seno del Congreso Nacional tal como se había comprometido efectuarlo el 13 de agosto anterior.
El Bloque Popular también espera que el presidente del Congreso, Roberto Michelleti Baín y demás diputados aprueben la propuesta que las organizaciones populares proponen sobre esta ley para dar al traste con las intensiones privatizadoras sobre el vital líquido de los hondureños.
Resistencia
Las diferentes acciones de resistencia popular consistentes en marchas, plantones y reclamos por diferentes medios de comunicación también han sido parte protagónicas para que no se privatice y municipalice el agua en Honduras.
Muestra de esta resistencia se vivió con fuerza y gran ímpetu en las ciudades de El Progreso, Comayagua, Siguatepeque, La Ceiba, Tocoa y Santa Rosa de Copán, entre otras.
Amaya indicó que las gestas contra la privatización del agua son una lucha que el pueblo ha logrado digerirlas y unificarse a fin de paralizar este tipo de leyes, a pesar de tener gobernantes que insisten en implementarlas.
Agregó que ahora se busca unificar al pueblo para paralizar las persecuciones políticas de las que actualmente están siendo objeto los campesinos la comunidad Guadalupe Carney del Aguán, a quienes se les pretende condenar de por vida por haberse defendido ante la negligencia del Estado porque en 10 años no ha podido entregarles definitivamente la tierra que les pertenece.
A/Bogran