El municipio de la Labor Ocotepeque ubicado en las faldas de la Reserva Biológica de Guisayote es un municipio de gente trabajadora y pacifica que se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura como medio para su subsistencia, la comercialización local y la exportación de hortalizas, convirtiéndose en base de la economía local.
Esta zona es privilegiada ya que cuenta con múltiples recursos naturales renovables y no renovables, como el caso de los yacimientos de Plata que se localizan en el subsuelo de la comunidad de Santa Lucia e incluso dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de Guisayote, una de las más importantes de la Región.
Esta riqueza mineral es la que les ha provocado serios problemas a los pobladores de estas comunidades, ya que el afán de riqueza de las compañías transnacionales que se dedican a la explotación minera y la posición entreguista del Gobierno hondureño que mediante una ley que fue aprobada tan solo unas semanas después del huracán Mitch, concede amplias privilegios a las compañías mineras y deja totalmente desprotegidas a las comunidades, prueba de ello es que se dan las concesiones a las compañías extranjeras sin ninguna comunicación con las comunidades, ni sus autoridades locales como ser sus Alcaldes municipales.
Este es el caso de La Labor, Ocotepeque, ubicado en la región occidental de Honduras, donde en julio del año 2003 se otorgo una concesión por cuatro años a la compañía Maverick subsidiaria de la SilverCrest Maining company, con sede en Vancouver, Canadá, para exploración y explotación de la mina denominada el Ocote o el ingenio ubicada en la aldea circunvecina de Santa Lucia. Dicha concesión consta de casi cuatrocientas (400) hectáreas de terreno, que en su mayor parte están ubicadas en la zona de amortiguamiento de la zona de Reserva del Guisayote protegida bajo el decreto 87-87 del Congreso de la República. Dicho decreto señala que por ningún motivo puede darse en concesión o explotación para ninguna actividad agrícola, o minera dicha reserva.
Al darse cuenta de los impactos relacionados con esta explotación y la necesidad de reubicación de las comunidades de Santa Lucia, Llano Largo, El Ingenio, el pueblo de la Labor, inicio un proceso de negociación con el Gobierno para lograr la cancelación de esta concesión que además de afectar a estas comunidades, afectaría a otros municipios de los departamentos de Ocotepeque, un total aproximado de veinticinco mil personas afectadas en este departamento; además de otras comunidades ubicadas río abajo en la cuenca del río Higuito, como la ciudad de Santa Rosa de Copán, quien esta construyendo un proyecto por setenta y dos millones de lempiras (Lps. 72,000,000.00) para abastecer de agua potable a su población de alrededor de cuarenta mil habitantes.
Después de seis meses de negociación y al ver la actitud de las autoridades de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y la Procuraduría General del Ambiente entre otras instancias gubernamentales, las comunidades de La Labor con el apoyo del resto de municipios de la mancomunidad de Sensenti decidieron tomar medidas de presión más fuertes.
Es así como el día martes 13 de Abril desde las 2:00 am la población local realizó una toma de la carretera internacional que comunica a Honduras con las vecinas repúblicas de El Salvador y Guatemala, que a la vez es el puente para llegar a México y Estados Unidos, en dicha toma participan alrededor de tres mil personas de las comunidades que se verán afectadas. Este movimiento ha sido espontáneo y liderado por pobladores que indignados ante esta situación exigen al Gobierno central la anulación de la concesión otorgada a la empresa Maverick de origen Canadiense.
Pero las comunidades no están solas, cuentan con el apoyo de otras instancias como la Iglesia Católica, que a través de la diócesis de Occidente a otorgado un fuerte apoyo; la Iglesia Evangélica, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, y organizaciones no Gubernamentales como la Asociación de Organismos no gubernamentales (ASONOG) la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque (AESMO) quienes son los administradores de la Reserva Biológica de Guisayote, Proyecto de Área (PDA, Comisionado de los Derechos Humanos y la AFE)COHDEFOR.
El Gobierno Central a pesar de haber sido advertido con varias semanas de antelación, respondió enviando una comisión encabezada por el Vice ministro de SERNA y la Directora de DEFOMIN. Sin embargo, inexplicablemente la Comisión fue enviada, vía helicóptero, a la ciudad de Nueva Ocotepeque a más de 40 kilómetros adelante del lugar donde se realizaba la toma de la carretera, exigiendo a la comisión negociadora de los pobladores que se desplazara hasta ese lugar.
Los pobladores imploraron que el lugar de reunión debería de ser la municipalidad de La Labor, por ser directamente afectado, y constituir un punto equidistante de la presencia de la manifestación, pero hubo negativa de parte de los representantes del Gobierno y esto agudizó la situación por lo que los pobladores permanecen en el lugar de la toma, hasta que ambas comisiones lleguen a una resolución. En este momento las negociaciones están en un punto muerto, y los pobladores están a la espera que la Comisión del Gobierno muestre un poco de flexibilidad y llegar a un acuerdo que permita que ambas partes se sienten a negocia. Pero hay que resaltar que la posición de la población es muy firme en cuanto a que su objetivo es lograr la cancelación de dicha concesión.
A pesar de la posición firme mostrada por los manifestantes, es importante destacar que todo se ha realizado de manera pacífica, en un ambiente de tolerancia y respeto sin necesidad de acudir a la violencia, ni a la utilización de expresiones soeces, como sucede en muchos casos. Es lamentable que las comunidades tengan que llegar a este punto para lograr que las autoridades centrales escuchen sus demandas y les otorguen espacios para poder dialogar sobre asuntos que deberían ser previamente consultados con ellos antes de tomar decisiones que les afectarán en gran manera.
Esperamos que esta vez el Gobierno Central reconozca las demandas de la población del municipio de La Labor y actué en el marco de la Ley respetando las leyes ambientales que protegen zonas tan valiosas para la humanidad como la Reserva Biológica de Guisayote.