La Titular del Juzgado Primero del Trabajo de San Pedro Sula, licenciada Edna Patricia González, fue denunciada ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y el Ministerio Público por el supuesto delito de apropiación ilegal del dinero de los ex trabajadores y ex trabajadoras de la desaparecida empresa Cheil de Honduras.
Más de cien obreros y obreras que laboraron para la empresa Cheil de Honduras, presentaron el pasado mes de enero la denuncia criminal contra su apoderada legal Edna Patricia González por no entregarles el dinero de la venta de la maquinaria, abandonada por la empresa Cheil en julio del 2001.
Las ex trabajadoras están siendo representadas por el licenciado Amado Mancía Leiva del departamento de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación de los Jesuitas (ERIC) de El Progreso, Yoro.
Mancía manifestó que intentaron en reiteradas ocasiones dialogar con la licenciada Edna pero que está se negó a recibirlos y los remitió con su hermana Cinthia González a quien otorgó poder de representación en el caso de Cheil, luego de asumir funciones como jueza del Trabajo en San Pedro Sula.
YA PAGAMOS
Mancía expresó que en las conversaciones sostenidas con la licenciada Cinthia ella argumenta que la denuncia carece de sentido porque a la mayoría de los ex trabajadores se les ha entregado el dinero que les correspondía por el pago de sus prestaciones.
Agregó además que no tienen en su poder ningún dinero, porque tuvieron que asumir la reparación de maquinaria antes de venderla y el pago de 50 mil dólares a Jaime Rosenthal Oliva por alquiler de la nave del parque ZIP Continental de la Lima, donde estuvo guardado el equipo mientras se remataba.
Según Mancía la licenciada Cinthia González no ha demostrado nada de lo dicho porque no muestra ningún
comprobante de pagos.“Al solicitarle la documentación manifiesta que por parte del Bufete González, manejado por su familia, han ordenado que les practiquen una auditoría y en que su debido momento entregarán la información necesaria”.
INFLUENCIAS POLÍTICAS
La denuncia interpuesta ante la DGIC y la Fiscalía no ha avanzado en la investigación, aseguró el licenciado Mancia. “ Cuando hemos solicita¬do información sólo contestan que la investigación esta en proceso”, manifestó.
Se sospecha que el proceso contra la jueza del Trabajo Edna Patricia González se mantiene estancado debido a las fuertes influencias políticas de su familia con el Partido Nacional, actualmente en el poder.
En la empresa Cheil de Honduras laboraron más de 900 trabajadoras que quedaron en la calle luego del cierre sorpresivo y la fuga del país de los empresarios.
La maquinaria abandonada por la empresa estaba valorada en 23 millones de lempiras, mas un terreno ubicado en la aldea El Bálsamo de El Progreso, el cual fue valorado en 8 millones de lempiras, terreno que supuestamente no se ha vendido.
La licenciada Edna González por honorarios profesionales ganaría 4 millones de lempiras de un monto total de prestaciones arriba de los 20 millones de lempiras.
TAMBIEN en DONGWOO
Asimismo, obreras de la empresa Dongwoo, que también cerró en el 2001 en ZIP Continental, informaron que han presentado una demanda civil contra la licenciada Gonzales a través del licenciado Diógenes Maradiaga, procurando recuperar el pago de sus prestaciones, pues su demanda laboral se ganó hace más de seis meses.
El año pasado, ex obreras de la empresa Cheil representadas por la licenciada Silvia Ayala denunciaron a la ahora jueza del trabajo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, pero la misma no prosperó.