Tratando de mejorar sus condiciones laborales los trabajadores de Star organizaron un sindicato que fue notificado por un Inspector del Trabajo el jueves ocho de noviembre, donde la empresa conoció la protección especial del Estado, para los trabajadores de la fábrica. No obstante, el sábado diez de noviembre la empresa violentando las leyes laborales del país y los convenios internacionales ratificados por Honduras, despidió a los obreros organizados.
La situación orilló a los trabajadores a realizar medidas de presión para exigir el reintegro a sus puestos de trabajo y su derecho a la organización sindical. Desde el domingo once de noviembre iniciaron manifestaciones frente a las entradas principales del parque industrial Zip El Porvenir.
Para mediar en el conflicto fue necesaria la intervención del Ministerio del Trabajo, pero fue hasta martes en horas del medio día cuando llegó a las instalaciones de Zip el Porvenir, la coordinadora regional de esa Secretaría de Estado en San Pedro Sula, Lucia Rosales, para resolver la situación. Sin embargo, cuando la funcionaria preguntó por los ejecutivos de la empresa, miembros de la seguridad del parque respondieron que ninguno de ellos se encontraba.
“Yo soy autoridad y espero que usted no me esté mintiendo, porque me voy a ir y voy a regresar con una patrulla”, dijo Rosales al vigilante que nerviosamente agarró el teléfono para llamar al gerente del parque para explicarle lo que en el portón estaba sucediendo.
Luego la directora regional del trabajo de San Pedro Sula recibió una llamada de Carlos Chain gerente de Zip El Porvenir, donde le propuso que se reuniera con los empresarios, pero sin la presencia de los trabajadores, oferta que fue rechazada por la funcionaria y que puso como condición que en la reunión también estuvieran presentes los directivos de la junta directiva del sindicato. El empresario aceptó y acordaron realizar la reunión la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), en san Pedro Sula.
En la reunión que se llevó a cabo a la una de la tarde, estuvo presente Carlos Chaín, gerente del parque industrial, la directiva del sindicato, la directora regional del trabajo y los apoderados legales de la empresa, donde acordaron que mañana continuarán con las negociaciones, que incluirán el reintegro de los trabajadores despedidos después de la notificación del sindicato, no represalias contra los trabajadores y la aceptación del sindicato por parte de la empresa.
Hay que destacar que en la resolución del conflicto laboral, participa directamente la coordinadora regional del trabajo de San Pedro Sula, abogada Lucía Rosales, porque debido a los antecedentes del encargado de la oficina del trabajo en El Progreso, José Zuniga, los trabajadores no confían en él.
Acciones
Los despidos masivos por parte de la empresa en contra de los trabajadores organizados, provocó una revuelta en más de quinientos obreros que iniciaron acciones de protesta y desde el pasado domingo mantuvieron tomadas las entradas principales del parque industrial exigiendo el reintegro para los cesanteados y su derecho a la libre sindicalización.
La manifestación de los trabajadores fue duramente reprimida por elementos de la policía preventiva, del ejército y de la policía de investigación, pues el complejo industrial fue militarizado como si se tratara de una institución del gobierno, evidenciando una vez más que las instituciones del Estado no están al servicio del pueblo, sino, de los empresarios no importando que sean éstos quienes violentan la ley.
La represión policial dejó como saldo a unos cuatro trabajadores golpeados, también se reportó la agresión contra varios camarógrafos y periodistas que cubrían la brutalidad de la policía. Varios sindicalistas trabajadores reportaron que fueron intimidados.