Mostrando debilidad para cumplir con sus obligaciones laborales y fortaleceza para violentar las leyes del país, la empresa privada hondureña con el afán de no aprobar el nuevo incremento al salario mínimo se atreve a proponer no hablar más del incremento y que se obligue a hacerlo a quienes no cumplen con el pago del salario mínimo de 5,500 lempiras aprobado por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Para este año los obreros presentaron una propuesta del 30 por ciento de aumento al salarial y mostrando voluntad para negociar bajaron sus aspiraciones a un 15 por ciento, mientras la empresa privada ofreció la irrisoria cantidad del 3.7 por ciento y dieron por terminadas las deliberaciones.
Hace varias semanas fueron rotas las negociaciones para la fijación del nuevo salario mínimo entre los empresarios gobierno y centrales obreras, situación que abre las puertas para que el poder ejecutivo tome la desición. No obstante, el Presidente en funciones, Porfirio Lobo, se niega a aprobar el aumento que de acuerdo a la ley debió fijarse en abril.
La Ley de Salario Mínimo en su artículo 35 señala que los salarios mínimos deben ser revisados por lo menos una vez al año, en el mes de diciembre, para que entre en vigencia en enero del siguiente año, pero los representantes de la empresa privada se acostumbraron al alargue de las discusiones, en muchas ocasiones dejaron que el ejecutivo tomara la decisión y los incrementos fueron raquíticos, pues todos los gobiernos respondieron a los intereses del sector empresarial. Ahora dicen que no pagaron el retroactivo.
El 24 de diciembre de 2008, luego que la comisión tripartita integrada por representantes de la empresa privada, trabajadores y gobierno rompieran negociaciones, el Presidente de la Republica, Manuel Zelaya Rosales, aprobó un ajuste salarial arriba del 40 por ciento. De 3,428, el salario mínimo pasó a ser de 5,500 lempiras. El decreto de incremento salarial aprobado por Zelaya no abarcó a los trabajadores de las maquilas y su negociación había quedado pendiente de realizar, en tal sentido, los obreros textiles siguen debengando salarios más bajos que en el resto de las empresas.
En ese momento los empresarios habían propuesto que se “congelara” el salario mínimo por tiempo indefinido mientras se superaba el impacto de la crisis financiera internacional que se preveía para el 2009. Pero los trabajadores expusieron que el salario no disminuye la rentabilidad empresarial y proponían que el salario fuera de 6,200 lempiras, basados en el costo de la canasta básica alimenticia.
Los empresarios acostumbrados a recibir beneficios de parte de los gobernantes, en esta ocasión se sintieron molestos y de inmediato emprendieron campañas mediáticas y acciones legales para impedir la aplicación del decreto que mejoraba los salarios de los trabajadores. Amenazaron con el despido masivo de sus empleados como presión para incumplir la ley.
“Ésta es una situación sumamente preocupante, es una decisión populista e inmadura del Presidente, el gobierno debe buscar mejores soluciones para no afectar la economía del país”, indicó el empresario Mario Bustillo argumentando que la decisión del gobierno obedecía a una respuesta contra los empresarios por no haber apoyado el convenio de la Alba.
La decisión de Zelaya de aumentar el salario mínimo pudo haber sido uno de los motivos que tuvieron los empresarios hondureños para planear y ejecutar junto a las Fuerzas Armadas y a los políticos corruptos el golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio, acción que ahora mantiene al país sumido en una profunda crisis.
El gobierno de Zelaya a través del Ministerio del Trabajo realizó inspecciones en los centros de trabajo para obligar a los empresarios a cumplir con el pago del salario mínimo, pero estas acciones fueron interrumpidas con el golpe de Estado y de esta manera se benefició a los empresarios que en un alto porcentaje no cumplen con el pago del salario mínimo.