Son ocho los ejes y 26 los puntos que conforman el acuerdo firmado por el magisterio y el gobierno, el pasado 31 de agosto.
Entre ellos, una auditoría externa y el saneamiento financiero del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), saqueado durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, la revisión del salario mínimo, la continuidad del Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE) y la solicitud de retiro de la Ley General de Educación.
Asimismo, se revisarán las violaciones al Estatuto del Docente Hondureño, las deducciones ilegales aplicadas al margen de la ley a varios docentes, se investigarán las arbitrariedades cometidas por el Ministro de Educación y otros funcionarios.
También, se revisará el caso de los directores y secretarios departamentales injustamente despedidos, entre otros.
“Se van a instalar varias comisiones bipartitas para abordar todos estos puntos. Estas comisiones tendrán que concluir su trabajo en un plazo que está definido en el acuerdo.
Además, habrá un proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos mismos, con la participación de organizaciones sociales, populares, de los derechos humanos, y de personas expertas en la materia”, dijo a Sirel el dirigente magisterial e integrante de la comisión negociadora Wilfredo Paz.
Según Paz, alcanzar ese acuerdo no fue fácil. “El gobierno estaba totalmente cerrado ante la agenda magisterial y rompió tres veces el proceso de negociación.
Tuvimos que salir a las calles y ser beligerantes, combativos, para alcanzar la firma de esta acta. Son avances sustanciales, aunque no podemos confiarnos. Vamos a seguir, paso a paso, el cumplimiento de estos acuerdos”, explicó.
El acuerdo fue sometido a la discusión y aprobación de las bases antes de ser firmado. Sin embargo, el uso de tácticas dilatorias de parte de las comisiones gubernamentales es de sobra conocido por el pueblo hondureño.
Arturo Corrales, actual Ministro de Planificación y miembro de la comisión negociadora, fue el principal integrante de la comisión del régimen de facto de Roberto Micheletti que negoció el tristemente famoso Acuerdo Tegucigalpa-San José.
Una pieza fundamental en la estrategia orquestada por los sectores golpistas y el Departamento de Estado para tratar de “legalizar y democratizar” el golpe a través de las elecciones de noviembre de 2009.
“Si no se respetan los plazos definidos en el acuerdo, vamos a volver a tomarnos el INPREMA y a salir a las calles. Vamos a volver al paro de labores, porque no estamos dispuestos a permitir que nos engañen”, advirtió el dirigente magisterial.
Paz aprovechó de esta conversación con Sirel, para agradecer el respaldo y el apoyo brindado por la UITA y por sus organizaciones sindicales afiliadas reunidas en Honduras en las semanas pasadas.
“Estamos profundamente agradecidos con todas las organizaciones que nos han apoyado a nivel internacional y con la UITA.
Es también gracias a este apoyo que hemos podido dar a conocer en el mundo la lucha del magisterio, la represión que hemos sufrido, y a presionar al gobierno para que se llegara a un acuerdo”, concluyó.