De acuerdo con el comunicado de Vía Campesina, el fuerte desalojo se ejecutado por un contingente policial y militar que destruyó las casas de más de 50 familias aglutinadas en la Empresa Asociativa Campesina de Producción 9 de Julio; ubicada en el sector de las Huertas en Tutule, La Paz.
Cuatro menores de 15,12, 10 y dos años fueron capturados junto a la madre de uno de ellos. Los adolescentes fueron identificados como: Karen, Vivian y Gabriel todos ellos de apellido Salinas.
Asimismo, los agentes de seguridad estatales arrasaron con alrededor de 15 manzanas de cultivos de café y 4 manzanas de maíz.
La acción ocurre a menos de 72 horas liberación de otro grupo de 15 campesinas y campesinos que estuvieron presos alrededor de 2 meses y salieron en libertad bajo medidas sustitutivas acusados por el delito de usurpación de tierras, en el sector de Marcala, del mismo departamento.
Para Franklin Almendarez, Secretario General de la Central General de Trabajadores del Campo (CNTC) regional La Paz “este desalojo como una represalia”.
“Condenamos este nuevo hecho de criminalización contra la lucha de las y los campesinos por obtener un pedazo de tierra donde poder vivir y cultivar para mantener con ello a sus familias”, expresó.
Con armas militares agreden a menores en Villanueva
El joven Fernando José Castro Ramírez de 16 años resultó muerto la tarde de este miércoles, durante un desalojo violento de la colonia Regalo de Dios, ubicada en Villanueva Cortés al norte de Honduras.
Los pobladores acusan a los elementos policiales y militares de haber disparado contra la multitud y por ende de haber cometido el abominable hecho, luego que sobre el cuerpo de Castro Ramírez, se encontraron los casquillos 7.63, utilizados por los fusiles M-16, de uso militar.
Según trascendió, un bebé de nueve meses fue trasladado al hospital con una severa afectación en las vías respiratorias. Asimismo se capturo a doce personas entre jóvenes, mujeres y hombres que fueron trasladados a la posta policial de Cortés.
Testigos afirman que los miembros del ejército dispararon en ráfagas y prueba de ello es un vehículo estacionado en la zona, que resultó con impacto de los proyectiles.
Se estima que al menos unos 150 elementos policiales participaron en el desalojo del grupo de pobladores que se oponían a desocupar más de 12 manzanas, donde han edificado sólidas viviendas con bloques y otros materiales de construcción.
Los uniformados se hicieron presentes al lugar atendiendo una orden de desalojo emanada por un juzgado, por lo que también llegaron en compañía de jueces de ejecución. Sin embargo, según se informó, al lugar del incidente no llegaron ni representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ni de la Fiscalía de los Derechos Humanos.
“Estos hechos se dan en un contexto donde el país se encuentra hundido en la miseria por la falta de voluntad política de solucionar el conflicto de tenencia de tierra y la sequía, situación que ha provocado crisis agraria y alimentaria en el país”, indicó por su parte en un comunicado la Plataforma Agraria del Valle de Sula.
De su parte, el coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, dijo “hay que parar esta represión salvaje e inhumana” y condenó que aunque la policía tenga en su poder una orden de desalojo, no está autorizada para disparar.
El también diputado por el Partido Libre pidió a los entes del Estado que investigue la muerte del joven Castro Ramírez y se aplique la justicia a sus responsables. “Si esto se institucionaliza, los crímenes seguirán a la orden del día”, vaticinó.
Versión policial “no hubo disparos”
El portavoz de la secretaría de Seguridad para la zona noroccidental, Leandro Osorio, aseveró que los agentes encargados del desalojo “no dispararon en ningún momento” y que “todo comenzó pacíficamente cuando un grupo de personas externas, que no pertenecían a la zona comenzaron a exacerbar los ánimos y aparecieron con el cadáver del joven” por lo que “se procederá a investigar para establecer qué fue lo que ocurrió”.
El cuerpo del menor habría aparecido en el patio de una escuela y habría sido trasladado en el momento del desalojo, dijo Osorio.
De igual forma, un oficial de la policía resultó herido tras el enfrentamiento.
Campesinos procesados por el delito de usurpación
Según informó la Vía Campesina el fiscal general Oscar Chinchilla se encuentra desarrollando un trabajo para el levantamiento de información de campesinos/as procesados por usurpación de tierra en las diferentes regiones del país, para la supuesta despenalización del delito de usurpación, pero la realidad en los últimos dos meses se ha visto reflejada en el incrementado la persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes y lideresas campesinas en el departamento de la Paz, la región del Aguán, y Valle de Sula, donde se contabilizan más 50 campesinos procesados en los últimos dos meses.
La Plataforma Agraria del Valle de Sula condenó las acciones violentas de policías y militares en contra de las familias que luchamos por el derecho al acceso a la tierra y a la vez hacemos un llamados a la organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a estar pendiente a los pueda seguir sucediendo en estas regiones donde se ha implementado un régimen represivo al sector campesinos.
Hasta el momento se encuentran con procesos legales alrededor de 5 mil campesinos y campesinas, de ellos más de 700 son mujeres a nivel nacional, solo en el departamento de La Paz, de 48 grupos campesinos, 46 de ellos tienen procesos legales.
Igualmente más de 500 campesinos se encuentran con medidas sustitutivas, de las cuales 161 son mujeres y 10 trabajadores del campo guardan prisión, condenados a más de 6 años de cárcel.
Fecha:24/09/2015
Fuente: www.conexihon.hn