El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Rigoberto Cuellar, manifestó que las autoridades de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) de Honduras “no se percataron de que estas disposiciones, donde se regulaba la exoneración de algunos impuestos en beneficio de la actividad minera, ya no estaban vigentes por una sentencia del Poder Judicial que las declaraba como inconstitucionales y a pesar de eso se aplicaron”.
Agregó que según informe de la Procuraduría General de la República (PGR), “lo que procede es un reparo, es decir que se ha constatado una lesión al patrimonio del Estado y más allá de eso, las autoridades competentes son las encargadas de decir si existe o no responsabilidad penal”.
Sin embargo, “la responsabilidad civil está clara, la intencionalidad es la que tendría que ser objeto de investigación”, comentó.
Para Cuellar, “la actividad minera debe estar debidamente regulada”, pero la vigente Ley de Minería, está parcialmente catalogada como “inconstitucional”, lo que “crea un vacío jurídico importante que no debería existir, porque da lugar a todo tipo confusiones”.
A DISCUSIÓN EN EL CONGRESO
“La discusión de la Ley de Minería, es una necesidad en el país”, señaló. Cada año las riquezas provenientes del suelo hondureño salen del país en altas cantidades y para algunos el gobierno obtiene poco de las exportaciones anuales.
El Congreso Nacional reanudará la próxima semana la discusión y aprobación de las reformas a la Ley de Minería, cuyo proyecto ha sido retirado varias veces de la Cámara Legislativa. Las reformas a la Ley de Minería serán nuevamente introducidas al plenario como muestra de la voluntad política de la actual Junta Directiva de ser aprobadas, declaró el vicepresidente udeísta, Marvin Ponce.
En Honduras hay cuatro compañías fuertes ya establecidas Entremares, Minosa, Geomarque y Ampac y diez están en espera de que les abran las puertas y así comenzar la explotación.
Desde la vigencia de la cuestionada Ley de Minería, el 6 de febrero de 1999, no se ha redactado el reglamento que debió ser elaborado 30 días después de su publicación. Igual ocurre con el Manual de Política Ambiental Minera.
Estos dos instrumentos son un asidero jurídico para que la DEFOMIN, la máxima autoridad en la materia, pueda aplicar penas y regulaciones de orden administrativo. Esto permite que las empresas trabajen a sus anchas y apenas controladas por una unidad de la SERNA.
ATADO DEFOMIN PARA APLICAR SANCIONES
• La falta del reglamento de la Ley de Minería tiene atado a DEFOMIN para implantar regulaciones administrativas y sanciones a las companías.• El borrador existente debe ser revisado porque los cobros a las empresas aparecen en dólares, aunque en aplicación de la Ley de Minería también se cobra en esa moneda.• El no contar con el documento deja a DEFOMIN como un observador más, ante los desastres ecológicos que puedan ocurrir.
• A esa compañía SERNA le aplicó el Reglamento General del Ambiente, pero DEFOMIN no pudo hacer nada.
• La multa establecida por la Secretaría del Ambiente es de un millón de lempiras, pero su ejecución aún se encuentra en trámites legales.
CANON TERRITORIAL
• 25 centavos de dólar por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada.• 75 centavos de dólar por año por hectárea durante el quinto y sexto año.• 1.50 de dólar por año y por hectárea durante séptimo y octavo años.
• Tres dólares durante el noveno año.
• 0.25 por año y por hectárea otorgada para concesiones no metálicas o de gema o piedras preciosas durante el primer y segundo año.
• 1.50 de dólar por año y por hectárea para concesiones no metálicas o de gema o piedras preciosas a partir del tercer año.
• Con las reformas se establece de entre 5 y 15 dólares por hectárea durante la exploración, que aumentará a entre 100 y 150 dólares durante la etapa de explotación.