Unos trescientos millones de lempiras han robado los empresarios de la maquila en prestaciones no pagadas a las obreras y obreros despedidos en los últimos tres años.
Cerca de 40 empresas han cerrado y la mayoría de ellas no han cumplido con sus obligaciones de pagar los derechos a trabajadoras, que en algunos casos laboraron hasta 10 años para ellos.
El estimado solo incluye los despidos masivos o cierres definitivos que asciende a más de 30 mil personas despedidas desde el 2001 hasta octubre de 2004, la suma aumentaría si se considera los permanentes despidos individuales en las 230 fabricas maquiladoras, que pasan de cien cesanteados cada semana.
Aparte de la pérdida de prestaciones, con los cierres definitivos también han quedado cientos de mujeres embarazadas o que estaban en su descanso por maternidad, sin recibir sus pagos correspondientes. Se suma a lo anterior la deuda con aquellas obreras que sufrieron algún daño en su salud producto del trabajo y que al momento del cierre recibían o buscaban atención medica; al quedar sin empleo también perdieron su acceso al Seguro Social y la posibilidad de curarse.
Las obreras de la maquila son personas de escasos recursos económicos, su salario semanal apenas cubre la mitad de sus necesidades básicas. No tienen ninguna posibilidad de ahorro y cuando son despedidas las prestaciones son la única esperanza de sobrevivir mientras encuentran otra actividad para obtener ingresos.
El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Trabajo, ha sido cómplice de este robo millonario. Varias empresas han solicitado cierres temporales hasta por 120 días y han aprovechado ese tiempo para fugarse. EI Ministerio no ha atendido las oposiciones de los obreros a los cierres temporales y nunca ha investigado las causas reales por las que cierran las empresas.
Algunos de los empresarios que se han robado prestaciones laborales tienen todavía fabricas maquiladoras, otros son funcionarios del Estado y muchos figuran en las planillas que los partidos políticos tradicionales, liberal y nacional, han presentado para las elecciones del próximo año. No existe ninguna acción legal contra ellos y en los medios de comunicación gozan de “buena reputación”.
Seguridad para el dinero de los ricos
Ante la ola de asaltos a bancos y secuestros realizados años atrás en Honduras, la Secretaria de Seguridad ha creado unidades especiales para investigar y combatir esos delitos y se ha destinado un considerable presupuesto para su funcionamiento.
Los daños a las obreras parece no importarle al Gobierno. Los 300 millones robados a las obreras y obreros de maquila es un monto mucho mayor que la suma de todos los rescates de secuestros y asaltos a bancos de los últimos tres años. Los daños a las familias nadie los ha investigado pero es fácil de imaginarlos cuando sabemos que de las obreras dependen desde niños recién nacidos hasta madres o abuelos que están a su cargo.
Sin embargo ningún caso de las obreras ha ocupado primera plana en los periódicos o primicia en los medios electrónicos. De igual manera los encargados de aplicar justicia ignoran por completo el problema.
La pregunta es ¿Cúando se creará una unidad especial del Ministerio Publico o de la Secretaria de Seguridad para investigar los casos de robo de prestaciones, cuotas de seguro social y salarios realizados por extranjeros y empresarios nacionales contra los trabajadores?
En algunas ocasiones se ha planteado que los extranjeros que huyen como delincuentes para no pagar las prestaciones, sean perseguidos por la Policía Internacional INTERPOL pero nunca se han atendido las peticiones de las obreras.
Entre las empresas que han cerrado hay de capital hondureño, estadounidense, coreano, chino, taiwanes, de Singapur y Canadá.
Los cierres continuarán de manera mas frecuente para el próximo año. Los trabajadores tienen que saber que la única manera de defender lo que les pertenece es organizándose para luchar por ello, porque de las autoridades muy poco se puede esperar.
Fuente: Vida Laboral, Edic. # 17, Noviembre de 2004