Expresa, representa a 16 de 960 trabajadores que el primero de julio del año pasado quedaron sin empleo luego que los empresarios de origen coreano abandonaran el país, sin haber pagado los últimos salarios y el derecho de las prestaciones.
Según Ayala, la mayoría de los obreros contrataron los servicios profesionales de la Licenciada Edna Patricia Gonzáles con el fin de recuperar sus derechos laborales. La profesional logró una sentencia definitiva en el Juzgado Primero del Trabajo de San Pedro Sula, adjudicando los bienes a los trabajadores y el remate del patrimonio de la empresa.
Agrega, que Gonzáles se ha negado a informar a los obreros sobre la cantidad de dinero recibido por la venta de activos, y que esta actitud la ha obligado a recurrir a los tribunales para presentar una solicitud de rendición de cuentas, trámite que ya lleva tres meses y debido a diligencias legales, Gonzáles ha logrado retrazar el informe sobre su gestión, “teniendo conocimiento nosotros verdad de que ha depositado cantidades millonarias de dinero en su cuenta personal y esta situación está debidamente acreditada en el juzgado” reiteró.
“Por otro lado han habido problemas en el manejo del expediente, lo cual me llevó a presentar una denuncia en la Inspectoría de los Tribunales por el manejo irregular que ha tenido esta solicitud de rendición de cuentas” expresó la entrevistada.
Asimismo, dijo que paralelamente un grupo de ex obreros presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por considerar que la Licenciada Edna Patricia Gonzáles ha faltado a la ética profesional al estar percibiendo cantidades de dinero que es propiedad de los ex trabajadores y al negarse a entregarlo.
Asegura, que en esta instancia también se han presentado retrasos en el trámite, debido al extravío de la denuncia que nunca salió de San Pedro Sula, coincidiendo con el hecho de que el hermano de la licenciada Gonzáles es miembro de la directiva del Capitulo del Colegio de Abogados esta ciudad por lo que supone que hubo algún tipo de irregularidad.
Por tal razón, espera que en Tegucigalpa resuelvan el problema ya que también fue enviada una copia de la denuncia.
Al consultarle sobre las consecuencias que esta denuncia podría traerle a la licenciada González, Ayala dijo, que en caso de encontrar elementos probatorios que ella ha faltado a su ética profesional, podría ser suspendida del ejercicio profesional por un determinado tiempo. “ E nosotros creemos que se tiene que analizar a fondo esto porque tenemos inclusive noticias de que no es la primera vez que la licenciada Gonzáles percibe a nombre de trabajadores cantidades de dinero y los deposita en su cuenta bancaria y hasta meses después los viene entregando, entonces creemos que eso no es correcto sobretodo si se está jugando con las prestaciones de trabajadores humildes de personas que necesitan ese dinero, y que acuden a un profesional del derecho con la esperanza de que los represente y que le sean restituidos sus derechos laborales.
“Según el avalúo que ella misma realizó de los bienes y según lo que ella verbalmente me manifestó a mí que ya no quedaba absolutamente nada de activos allí en la fábrica, que solamente quedaba un terreno, pues estaríamos hablando de más de veintiún millones de Lempiras que ella podría haber percibido, no podemos asegurar esto, porque como le digo ella se ha negado a presentar un informe, lo cual nos parece bastante raro porque si usted ha estado manejando correctamente estos fondos, pues lo mas lógico es que pueda expresarle a los dueños de estos activos que son los trabajadores, en que cantidades los ha vendido, sin embargo ella hasta este momento se ha negado a presentar el informe” ratificó.