Nunca existió de parte del presidente Zelaya un delito de traición a la patria ni puede existir, ya que ni el poder judicial ni el poder legislativo tienen ninguna evidencia que pueda constituirse en prueba, ni existe una razón o un hecho que permita suponer que una nueva Constitución no incluya los artículos denominados pétreos como el número 4 o el 239.
Porque sólo el pueblo soberano de Honduras puede elegir a su presidente, no el Congreso. Porque la expatriación del presidente Manuel Zelaya nunca fue absoluta (permanente) sino forzada y temporaria. Porque los golpistas han violado impunemente la Constitución de Honduras cuando el mismo Micheletti y sus amigos congresistas nunca quedaron inhabilitados para ejercer la política por diez años después de haber no sólo intentado sino debatido ampliamente la reforma de los artículos pétreos 239 y 240 de la Constitución en las sesiones del Congreso del año pasado con el agravante de que la Corte Suprema la declaró inconstitucional.
Porque una encuesta de Sí o No para otra encuesta de Sí o NO para una convocatoria a una Asamblea Constituyente, en ningún momento ni en ninguna forma viola la constitución de Honduras en ninguno de sus artículos ni numerales.
Porque la acción mancomunada de los poderes judicial y legislativo para manipular al poder ejecutivo es divisionista, antidemocrática y desafía las normas que rigen a las naciones civilizadas del mundo.
Si hubo delito de alta traición, lo cometieron las Fuerzas Armadas contra su Comandante General y la patria hondureña. Si hubo abuso de autoridad fue de parte de los miembros del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Y si hubo una usurpación de poder fue de parte del poder legislativo y judicial cuando asumieron las funciones del poder ejecutivo de la nación, esgrimiendo su particular interpretación de acatamiento a la ley y la Constitución como certificado de validez, desconociendo el leal cumplimiento de la ley defendido por el Ejecutivo.
Si el presidente José Manuel Zelaya Rosales, constitucionalmente elegido por el pueblo soberano, no completa su período presidencial sin condiciones “legales” ni extralegales, su presidencia quedaría fracturada de una manera sui generis no contemplada en la Constitución de Honduras. Desde el punto de vista constitucional se constituye un estado de excepción que habilita al presidente Zelaya para ser reelegido en cualquiera de las próximas elecciones.
Este cínico golpe militar contra la República de Honduras recibió la condena tanto del Vaticano en boca del Sumo Pontífice Benedicto XVI, como de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos todas autoridades nacional e internacionalmente reconocidas por todos los países del mundo. Esta condena mundial da un peso mayor al estado de excepción constitucional por la fractura del período presidencial de Manuel Zelaya y que podría justificar su reelección en el caso de que no se le permita completar su término.
El golpe militar, encubierto por una nutrida parafernalia jurídica, tuvo como único objetivo quitar de por vida al presidente constitucional de Honduras José Manuel Zelaya Rosales del poder ejecutivo. Los congresistas, juristas y militares golpistas no pueden aceptar el poder legítimo del presidente Zelaya porque hacerlo invalidaría ipso facto los golpes militares en Honduras y debilitaría los proyectos de golpes militares en otras naciones. El derecho al golpe militar es todo lo que defienden los golpistas.
Como consecuencia de los hechos y las razones enunciadas, las elecciones del 29 de noviembre son nulas. No obstante la apariencia de legalidad, esas elecciones resaltan aún más la ruptura del orden institucional y enfrentan la creciente oposición del Frente Nacional de Resistencia y el repudio internacional.
Las elecciones del 29 de noviembre representan la estocada final del golpe militar contra la República de Honduras. Los golpistas abusaron abiertamente a la Corte Suprema y al Congreso para derrocar al presidente y ahora quieren abusar al Tribunal Nacional de Elecciones para cerrar con broche de oro el golpe militar.
La victoria del golpismo causaría una herida mortal a las democracias del mundo. Este es un precedente inaceptable que atenta contra las garantías constitucionales de cualquier presidente legítimamente elegido, que posibilita la utilización de golpes militares “constitucionales” para el despojo arbitrario del poder presidencial, y permite usar las elecciones para evitar su restitución y la vuelta a la normalidad institucional con la plena vigencia de la constitución. El siempre peligroso resentimiento social sólo se repara con el retorno del presidente a sus funciones.
Ha llegado el momento de exigir la intervención internacional para frenar el estrangulamiento de las constituciones y el uso de las elecciones para legitimar los golpes militares.
José María Rodríguez González
Comun-Noticias
1 de Octubre 2009
4:39 pm.