Los pobladores fueron detenidos en la colonia Ramirez Reina cuando observaban desde una casa vecina como instalaban una antena para la compañía DIGICEL y hacían comentarios en contra de la misma por los posibles daños a la salud que puede causar a los vecinos.
Policías uniformados entraron a las 2 de la tarde del lunes al solar donde se encontraban y procedieron por la fuerza a subirlos a varias patrullas. A una anciana de 68 años le doblaron sus brazos hacia atrás y la lanzaron al vehículo, mientras otros fueron esposados, al tiempo que recibían toda clase de insultos.
La policía reconoció que nadie de los detenidos portaba armas de ningún tipo, sin embargo al ser presentados al Ministerio Público los acusaron de causar daños a la propiedad, sin presentar pruebas de ello.
Un menor de 14 años fue liberado cuando legaron a la estación policial y aunque se ofreció también la libertad de las dos señoras de la tercera edad, ellas prefirieron quedarse tras las rejas en solidaridad con los demás detenidos.
Cristelia Vásquez (63), María Esther Figueroa (68), Joseline García (19), Darleny Figueroa (23), Carlos Paz (31), Roberto Castillo (29) e Ismael Lozano (38), durmieron en las celdas policiales y hasta el martes en la tarde fueron puestos “en libertad por ahora”, al no encontrar la fiscalía suficientes méritos para dejarlos en prisión.
Los pobladores dicen que la acción de los policías es para intimidarlos y que no continúen en la lucha, pero que ellos no desistirán puesto que tienen derecho a prevenir cualquier daño a su salud.
Alcalde y su hermano oficial de la policía tras el negocio
Los vecinos denunciaron que la actuación de la policía se debe a que el terreno donde está instalada la antena es propiedad del oficial de la Policía Nacional conocido como Leo López, hermano del Alcalde Municipal de El Progreso.
Según denuncias en otras comunidades, hermanos y parientes del Alcalde son los dueños de más terrenos donde se han instalado antenas de las empresas TIGO y CLARO las cuales pagan entre 500 y 800 dólares mensuales por el uso de los predios y hacen contratos por 20 años.
Unos diez policías nacionales permanecen con dos patrullas en el sitio mientras se instala la antena y los vecinos desde lejos les gritan reclamos por considerar que es un abuso de autoridad. “Ellos no cumplen su misión de proteger a la población porque en vez de buscar delincuentes están cuidando los intereses de una compañía abusiva, mejor deberían cambiarse uniforme y ponerse uno de Digicel”, dijeron.
Las empresas de telefonía celular han instalado unas cuarenta antenas en el municipio de El Progreso y la mayoría de ellas están en comunidades muy pobladas. Algunas están tan cerca de las casas que han dañado las paredes al hacer la instalación.
El Congreso Nacional de la República aprobó una moción exhortando a las municipalidades a no autorizar permisos de construcción de antenas cerca de centros educativos o de salud y por lo menos a 100 metros de las viviendas. Mientras, estudios científicos en otros países recomiendan que por lo menos a 400 metros de una antena de telefonía móvil no debe habitar personas porque corren un riesgo mayor de padecer de cáncer y otros daños a la salud.
La Corporación Municipal de El Progreso acordó que antes de otorgar un permiso las compañías deberían socializar con la comunidad y está debería estar de acuerdo con el proyecto. Sin embargo lo que han hecho es conseguir la firma de supuestos dirigentes respaldados por el alcalde, suplantando la voluntad de los vecinos.
Las compañías han sido acusadas por varios dirigentes comunitarios de hacer sobornos disfrazados de ayuda social para comprar la conciencia de los directivos comunitarios en las comunidades donde ha existido oposición a la instalación de las antenas.
Aunque la municipalidad tiene toda la potestad para parar y demoler una obra que no ha sido autorizada, ninguna antena instalada sin permiso de construcción ha sido detenida con la excusa de que no se puede hacer nada porque está en terreno privado.
Comunicacion Comunitaria
3 de febrero 2009