El padrón electoral era de 4.3 millones de electores, de los que hasta la fecha se registra solamente 965,238 votos a nivel nacional, para los cuales el gobierno destinó 400 millones de lempiras.
En las elecciones internas del 20 de febrero del 2005 estaban listos para ejercer el sufragio en las urnas 3.9 millones de ciudadanos. Sin embargo, sólo fueron a votar 1.4 millones registrando un abstencionismo del 62 por ciento. En las elecciones generales de 2001 el abstencionismo fue de un 33.73 por ciento, en el 1997 fue de 27 por ciento, y un 35 por ciento en 1993. Vemos como ha venido decayendo la credibilidad del sistema democrático.
Para las elecciones primarias de este domingo 30 de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había previsto el abstencionismo de la población, al mandar a imprimir un 60 por ciento de las papeletas electorales del total de ciudadanos listos a votar. El TSE prefiere habla de ausentismo, por no reconocer el abstencionismo.
La clase política justifica el abstencionismo electoral al factor migratorio, al hecho de que más de un millón de hondureños viven fuera del país, en especial Estados Unidos. No obstante, en las elecciones del 2001 las urnas en el extranjero fue un fracaso, sólo 4,478 ciudadanos fueron a votar; y en el 2005 solamente mil personas ejercieron el sufragio.
Tampoco es de extrañar que los mismos candidatos políticos reconozcan el desanimo de la población: “La pérdida de credibilidad en los partidos y los políticos es porque no hemos dado respuesta a los problemas de la gente”, Porfirio Lobo Sosa, candidato ganador del Partido Nacional.
El abstencionismo electoral debe estar en la agenda de los dos partidos tradicionales, en el gobierno y en las autoridades electorales. Los gobernantes tienen que cumplir las promesas, o no prometer nada, resolver los problemas sociales, pero sobre todo combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Con este proceso de elecciones internas queda claro que no es para fortalecer la democracia, sino que es un mecanismo para pagar favores, delegar puestos y repartición de migajas a la clase pobre. Pero especialmente repartirse los bienes del Estado. De ahí que la gran mayoría de hondureños no tenga por quien ir a votar.
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