Hace varias semanas fueron detenidos Carlos Antonio Madariaga y José Isabel Morales López, dirigentes del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), detenciones que a criterio de CICA representan el principio de una represión masiva, pues la orden de captura librada por los tribunales de justicia incluye a 32 dirigentes del MCA, a quienes se imputan cargos por la muerte de 12 miembros de la familia Osorto, hecho ocurrido el pasado tres de agosto.
El hecho atribuido a los campesinos ocurrió debido a un ataque perpetrado por parte de supuestos sicarios contratados por la familia Osorto, ocupante ilegal de una parte de las tierras del CREM, que de acuerdo al Decreto 92-2001 deben de ser transferidas por el Estado a favor de las 45 Empresas Campesinas que conforman el MCA.
En la disputa de estas tierras tres dirigentes campesinos han perdido la vida, hechos que por desidia de los operadores de justicia han quedado en la impunidad.
A criterio del CICA los hechos ocurridos el 3 de agosto no pueden ser atribuidos al MCA, pues los agresores fueron contratados por la familia Osorto. “Estos, en horas de la madrugada han atacados con disparos a familias de la Empresa Asociativa Campesina, Luchemos Juntos, integrantes del MCA, y que estaban situados en un predio asignado a dicha EAC pero ocupado ilegalmente de parte de Pedro Osorto”, dice el comunicado.
De igual manera el documento de CICA señala que días antes del masacre los dirigentes del MCA denunciaron la presencia de gente fuertemente armada en el rancho de la familia Osorto y pidieron a las autoridades de intervenir para desarmar estas personas.
Testimonio de los campesinos del MCA establecen que el 3 agosto 2008, fecha en que se registró la muerte de varios miembros de la familia Osorto, acudido a las postas policiales de la ciudad de Tocoa Colón, pidiendo la intervención de la policía para impedir el enfrentamiento. Sin embargo, no recibieron una respuesta satisfactoria.
Los miembros del MCA aseguran que en la actualidad son víctimas de agresión por parte de parte de personas fuertemente armadas, sin que las autoridades del gobierno presten atención al problema. En tal sentido el CICA señala que “por ninguna manera los integrantes del MCA pueden ser responsabilizados por los hechos ocurridos. Esperamos plena solidaridad a las familias campesinas y nos manifestamos a la orden en apoyar la lucha por la reforma”.
“Las personas del MCA actualmente en la cárcel fueron detenidas arbitrariamente por ser dirigentes del movimiento y sin poder defenderse en juicio por medio de abogados legales: por lo tanto deben considerarse “presos políticos”. Recordamos que el Derecho Internacional y las instituciones de Derechos Humanos condenan con fuerza la existencia de prisioneros políticos”, Constituye la denuncia de la CICA.
El comunicado también exige a las autoridades gubernamentales La inmediata liberación de los detenidos, Carlos Antonio Maradiaga y José Isabel Morales López, investigar y castigar a los culpables de la agresión perpetrada el 3 de agosto en contra de las familias del MCA, resolución inmediata a favor de los campesinos de las tierras demandadas, cese de la represión, investigación y castigo para los culpables del asesinato del dirigente campesino, Irene Ramírez.
Gerey