Amaya aseguró que de los 383 trabajadores y trabajadoras despedidas a inicios de este año, solo 32 se reintegraron a sus puestos.
Los despidos se ejecutaron al amparo de la Ley de Reordenamiento Retributivo (Decreto 210-220), que aprobó el ex presidente Ricardo Maduro, atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para reducir el aparato estatal.
El sindicalista dijo que al grupo restante no se les han pagado dos meses de trabajo y el décimo cuarto mes de salario, razón que los obliga a hacer el reclamo a la Secretaría de Finanzas. Señaló que existen 170 demandas laborales ante la Corte Suprema de Justicia y los trabajadores esperan que el fallo sea favorable para recuperar los derechos.
El dirigente sindical expresó “en éstos despidos hubo corrupción, ya que nosotros tenemos pruebas de que activistas liberales vendieron plazas y llevaremos estos casos ante los tribunales competentes”.
En muchas ocasiones el SIEMPE ha realizado medidas de presión para exigir el pago de los derechos laborales de los empleados despedidos, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de la Secretaría de Educación.
Otro aspecto que preocupa a la dirigencia del SIEMPE es que los salarios que el Estado no ha pagado a los trabajadores y trabajadoras despedidas pasarán a deuda pública, situación que no les permitiría recuperarlos.
El SIEMPE, afiliado a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), cuenta con 20 seccionales a nivel nacional y con más de 4 mil 780 afiliados.
Los trabajadores y trabajadoras públicos de la educación, realizan en los centros educativos estatales labores como: Servicios secretariales, de aseo, carpintería, fontanería, vigilancia y generales; puestos regidos por el Sistema de Servicio Civil del Estado de Honduras.