En un contacto telefónico con teleSUR, Zelaya afirmó que el veredicto dictado este miércoles contra Flores, a quien el Ministerio Público también le sentenció el pago de una fianzas por 27 millones de lempiras (1,46 millones de dólares), era “un completo atropello contra la voluntad del buen ciudadano”.
También recalcó que era una violación al Acuerdo firmado en Cartagena, que fue suscrito en mayo entre las autoridades de Honduras, Colombia y Venezuela y que garantiza sus derechos civiles y humanos al igual que los de todos sus funcionarios que también tuvieron que huir del país centroamericano tras el golpe de Estado que los derrocó en el 2009.
“Es una evidente violación al pacto de Cartagena (…) él (Flores) se ha presentado en forma voluntaria, estaba exiliado en Nicaragua y vino para responder a las acusaciones que le hizo el innombrable dictador (Roberto Micheletti) que estuvo aquí por siete meses”, expresó Zelaya.
El ex mandatario recordó que en el referido Acuerdo establece como prioridad las garantías a los ex funcionarios derrocados presentarse para ser escuchados en libertad, y por ende, denunció que el veredicto dictado viola además el derecho a la declaración voluntaria.
“Él es un buen ciudadano que vino con sus manos limpias (…) nos tomó por sorpresa que se le pusiera casa por cárcel, como si fuera un delincuente que quiere huir”, agregó.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre las medidas que emprenderá tras este veredicto, el ex gobernante anunció que los primeros pasos serán convocar acciones o movilizaciones por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Del mismo modo, adelantó que entre los planes también está alertar a la comunidad internacional, especialmente a los dirigentes a la comisión de seguimiento de Cartagena, encabezada por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, y su par colombiana, María Ángela Holguín.
“Vamos a llevarle nuestra más enérgica condena a este hecho que viola el convenio a sólo dos semana de haberlo firmado (…) y que, además, pone en polémica la voluntad de cumplimiento por parte del Gobierno de Porfirio Lobo”, exclamó.
A raíz de un convenio firmado por el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, con Zelaya, avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios de gobierno, entre los cuales está Flores.
Flores concurrió voluntariamente a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra. La policía le impidió ingresar al juzgado por una entrada especial y lo hizo por el sitio donde pasan los ciudadanos comunes.
Del tribunal salió acompañado de dos policías a su casa en esta capital junto a su esposa, la también abogada Marlina Dubón, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Zelaya.
“Apelaremos el fallo”, dijo a periodistas su abogado defensor, Raúl Suazo.
Sobre el ex ministro de la Presidencia pesaban cuatro órdenes de arresto por igual número de acusaciones presentadas en el 2010 por la Fiscalía, que lo encausó por “despilfarrar” cinco millones de dólares cuando ocupó el cargo.
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