Las acciones que se realizaban en el Sur de Honduras formaban parte del paro cívico nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, en apoyo al magisterio y contra un proyecto de Ley que se encuentra en el Congreso Nacional encaminado a privatizar la educación pública.
Cristopher estaba junto a su madre y padre en una casa que fue una contra las cuales el ejército y la policía lanzó los químicos, ante la emergencia por la gran cantidad de éstos, sus progenitores decidieron salir del lugar, comola joven madre del pequeño no logró correr por los efectos que habían provocado los gases, el padre también muy joven corrió con el menor para protegerlo, aunque lo sabían los represores, no escatimaron esfuerzo y persiguieron a fuerza de bombas lacrimógenas al muchacho quien cargaba al bebé, ante la persecución este saltó por un muro.
El bebé empezó a ponerse morado y fue llevado a un centro de salud donde le dijeron a su papá que no tenían los implementos necesarios ante el estado que presentaba el niño, por lo que su padre procedió a darle respiración de boca a boca y a absorber el gas que estaba alojado en el pequeño y a aplicarle ejercicios de resucitación, para después trasladarlo donde un pediatra que le aplicó nebulizaciones pero le advirtió que por la edad del infante no se podía saber si tendría consecuencias futuras en su salud.
Fiscalía de la Niñez no aparece por ningún lado
Ante la gravedad de este caso la Fiscalía de la Niñez que dice defender los derechos de los niños y niñas no apareció por ningún lado, a pesar que esta represión fue pública y por diversos medios se denunció que varios niños y niñas fueron afectados por los gases lacrimógenos.
En el caso de Christopher la situación pasó de ser un lanzamiento de bombas al azar a una represión dirigida contra él y su padre que lo llevaba en brazos.
Contrario a iniciar un proceso contra los policías y militares responsables de este grave atentado contra la vida de Christopher, la fiscalía en mención a la cabeza de Nora Urbina, se llamó al silencio.
No obstante que la semana pasada invocando la protección a la niñez, dijo investigar la responsabilidad penal de seis padres de familia que permitieron que sus hijos participaran en marchas de protestas “que desataron en actos vandálicos”.
Esta fiscalía ha tenido un papel beligerante en incoar procesos contra docentes en el único afán de criminalizar a las organizaciones magisteriales que desde el golpe de Estado, se mantienen en las calles protestando y demandando el retorno a la institucionalidad del país, como parte del FNRP.
El 22 de septiembre de 2009 alrededor de las 9:00 de la noche cuando Ángel Manuel Sorto, acompañado de sus hijos Víctor Manuel Sorto (16) y Ángel David Sorto (13), se dirigían a pie hasta su casa, en la colonia 23 de junio de Comayagüela.
”En el trayecto nos encontramos con dos policías quienes se conducían en una motocicleta, venían de Ciudad Lempira y venían haciendo disparos, por lo que uno de los mismos fue a impactar en la humanidad de mi hijo menor Ángel David Osorto”, dijo el denunciante.
Agregó que la bala se le introdujo a su hijo en el lado izquierdo de la espalda y que con el auxilio de algunos vecinos lo trasladaron al Hospital Escuela, en donde se encuentra hospitalizado desde ese día en estadodelicado de salud.
Según el dictamen médico el niño presenta una herida por arma de fuego en la región lumbar izquierda y cuatro perforaciones en el colon transverso.
Ángel David Osorto ha sido intervenido en dos ocasiones por las secuelas de los disparos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, interpuso la denuncia por éste y otros casos donde las víctimas son menores pero hasta la fecha no hay ninguna investigación ni castigo para los responsables, por parte de la Fiscalía de la Niñez.