Considerando:
1. Que la confrontación actual entre El Gobierno Central y el Magisterio ha llevado la nación a niveles de ingobernabilidad que contravienen el espíritu de la convivencia y el respeto a la dignidad humana.
2. Que es obligación del Estado según el artículo 157 de la Constitución de la República dirigir y administrar la Educación Pública y que La ley de Incentivo a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa no llena las expectativas de los principales actores del quehacer educativo.
3. Que al mismo tiempo en que las exoneraciones fiscales suman mas de 17 mil millones de lempiras (según el FOSDEH) hay una crisis económica que pone en riesgo el sistema educativo, estos recursos servirían para cumplir con todas las obligaciones del Estado en materia educativa que solamente requiere unos mil millones.
4. Que estas iniciativas surgen a raíz de las recomendaciones de Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional en sus políticas de reducir el ámbito de El Estado y sus funciones en detrimento de los mas pobres y privilegiando el sector privado en todo aquello que pueda convertirse en ganancia, dejando una secuela nefasta para los estados que ya experimentaron estos ensayos en América Latina.
5. Que los reclamos del magisterio son justos en cuanto a la defensa del patrimonio de su seguridad social a través del IMPREMA, que se convirtió en botín para políticos y un sector del empresariado, quienes en contubernio con una dirigencia gremial magisterial han dilapidado los fondos en detrimento de los maestros.
6. Que esta confrontación esta dejando en precario el respeto por la dignidad humana mediante la violación sistemática de los derechos humanos en los operativos represivos policiales que rebasaron los limites en el uso de la fuerza y que han acabado con la vida de 31 docentes después del Golpe de Estado después del 28 de junio del 2008.
Tomado en cuenta lo anterior y en virtud de la tremenda confusión que se ha creado en la población alrededor de los temas de desconcentración, descentralización, privatización, municipalización, participación comunitaria para lograr participación ciudadana y que lograr los niveles de eficiencia en la Educación del país, que sabemos, depende de un amplio Pacto Social que garantice la estabilidad del mismo y garantice La educación como derecho de los hondureños y hondureñas, demandamos:
* El regreso inmediato e incondicional del Presidente Porfirio Lobo y la Dirigencia Magisterial a un dialogo sincero y efectivo al margen de la hipocresía que permita el retorno al funcionamiento normal del sistema educativo
* La suspensión del proceso que lidera el Presidente del Congreso Nacional alrededor de la Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria
* Que se inicie la construcción de un verdadero Pacto Social Educativo que garantice la Educación Pública de calidad y gratuita.
* El Cese de la represión policial y el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas conforme a los preceptos constitucionales.
La Alianza Cívica para la Democracia, comprometida con los sectores excluidos de la sociedad se va a mantener al margen de esta crisis de gobernabilidad permanente.
Santa Rosa de Copán, 23 de marzo de 2011
Monseñor Luis Alfonso Santos
Obispo de Santa Rosa de Copán y
Presidente de la Alianza Cívica por la Democracia