han desatado contra las manifestaciones pacíficas que el día de hoy, 17 de marzo, habían sido convocadas para todo el país por los gremios magisteriales, madres y padres de familia, estudiantes de los distintos niveles educativos, organizaciones populares y el Frente Nacional de Resistencia Popular, para manifestarse contra los proyectos de leyes encaminados a privatizar la educación pública.
Se han recibido denuncias de la brutalidad policial ejercida contra las y los manifestantes desde distintas comunidades del país entre ellas, de Danli; de Comayagua, donde se reportan más de 29 personas detenidas y golpeadas; de Tegucigalpa donde además de lanzar una gran cantidad de bombas lacrimógenas se persiguió a los y las manifestantes pese a que la manifestación ya estaba disuelta.
Esta brutal persecución ha dado como resultado más de 8 personas capturadas, tres son mujeres; varias personas desmayadas por los efectos de los gases lacrimógenos, entre ellas una señora embarazada que además sufrió una crisis respiratoria; un manifestante desaparecido hasta el momento junto con una niña de 10 años.
Alumnos y alumnas del Liceo Franco-Hondureño, institución privada, fueron atrapados en su centro educativo; y los y las maestras se vieron en la obligación de encerrarlos en los baños para protegerlos tanto de los efectos de los gases lacrimógenos lanzados en el estacionamiento de ese centro, como, por el temor a que la policía irrumpiera violentamente en sus instalaciones.
Oficinas de los gremios magisteriales y del Instituto de Previsión del Magisterio, IMPREMA, ubicados cerca de la zona en la que estaban los y las manifestantes fueron atacados por las fuerzas policiales. Personal de la Comisión de Verdad que se encontraba en el lugar verificando las violaciones a los derechos humanos fueron testigos y víctimas de la brutal represión.
Defensoras y defensores de derechos humanos, algunos de ellas y ellos de las organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos, han denunciado que su labor ha sido obstaculizada por los cuerpos represivos y por las instancias llamadas a impartir justicia.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad nacional e internacional a denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos de las y los hondureñas y a exigir que cese la represión contra el pueblo que está ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse en defensa de sus intereses.
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de agosto de 2011.