Pese a que existe un Acuerdo suscrito por el MUCA y el régimen de Porfirio Lobo Sosa en el que éste se compromete a instruir a las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional a “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos” (Inciso 10 del Acta de Compromiso) conocemos denuncias constantes sobre hostigamiento, amenazas, mal trato físico y sicológico que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan en colaboración con personal de seguridad privada de empresarios agroindustriales de la zona.
Los campesinos están bajo incertidumbre permanente, no sólo por las agresiones y la posibilidad de ser asesinado sino por las órdenes de captura que suman centenas; así como de desalojo, que pueden ser ejecutadas en el momento que los empresarios en conflicto lo requieran.
La situación se agrava por la precariedad en la que se encuentran las familias campesinas que no encuentran posibilidades de obtener ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas. La esperanza de estas familias descansaba en que el Acta de Compromiso se cumpliera tal como se suscribió; pero aún cuando en ella se decía que inicialmente se entregarían 3,000 hectáreas cultivadas, apenas se entregaron 1,704 hectáreas que no ofrecen ingresos suficientes siquiera para la sobrevivencia.
Tampoco se identificó y entregó 3,000 hectáreas no cultivadas en el plazo de 90 días, que se cumplió el día 17 de julio recién pasado. En el mismo término debería conocerse el informe jurídico sobre la procedencia o consistencia técnica o legal de las compra-ventas de las tierras en poder de los empresarios agroindustriales, pero tal compromiso ha corrido la misma suerte.
Los conflictos agrarios se reproducen en esa región y el régimen no tiene la capacidad de resolverlos. Hay tomas de tierras en Lis Lis e Isletas ocupadas por la transnacional bananera United Fruit Co; las cooperativas campesinas agrupadas en el Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina del Aguán (MARCA) que reclama tierras, inmuebles y equipo para el trabajo agrícola que de acuerdo a sus testimonios Miguel Facussé se apropió de ellos ilegalmente; el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) que ha tomado 700 hectáreas que Miguel Facussé las cultivó aún sabiendo que eran propiedad de la Guadalupe Carney.
Reiteramos que de no resolverse el conflicto agrario en esa región las violaciones a los derechos humanos, entre ellas el asesinato, persistirán y podría tomar mayores dimensiones dada la acumulación de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.
Debe investigarse y enjuiciar a los culpables de estos hechos en los que han perdido la vida de nueve campesinos afiliados a MUCA y miles de familias campesinas se encuentran bajo un estado de persecución y represión constante. Como los guardias de seguridad privada son protagonistas constantes en estas violaciones deben igualmente ser investigados, controlados por los organismos del estado y castigados cuando se compruebe su participan en los delitos que se denuncian.
Tegucigalpa, 18 de agosto de 2010
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo de FIAN Internacional, Sección Honduras.