La actual Ley de Minería es una de las más bochornosas del país. Revela el poco interés de los “padres de la patria” por legislar a favor de las comunidades que han resultado afectadas por la destrucción de los recursos humanos, la proliferación de las cuencas hídricas, la contaminación de enfermedades y los pírricos impuestos que tributan a los municipios donde explotan los minerales. Revela que el “sabor del dinero” es mucho mejor que las consecuencias de miseria que deja es¬te rentable negocio de exportación.
Esta ley, aprobada en 1998, convirtió al territorio nacional en una “zona libre minera” confiriéndole enormes prebendas impositivas a las compañías que lograron las concesiones para la extracción de nuestros metales, así como también lograron la utilización de una serie de métodos que no están autorizados en otros países del mundo, denuncia el doctor y líder ambientalista, Juan Almendares.
“Para lograr sus propósitos, las empresas mineras promueve sus propias leyes mediante la corrupción, el chantaje y la imposición de gobiernos para influir sobre
los grupos de poder, en la estructura del Congreso Nacional de la República, a fin de que se aprueben las concesiones bochornosas”, expone el ambientalista. “Las transnacionales se están llevando las riquezas y no están dejando nada a favor de la minería, Honduras no ha ganado nada”, dijo el diputado presidente de la comisión de Minería, Valentín Suárez.
En el 2003 se exportaron 93 mi¬llones de dólares en oro, plata, zinc y plomo, pero según la DEI el Estado sólo percibió siete mil dólares en impuestos. Por eso las organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, comunitarias y populares proponen la creación de una nueva Ley de Minería más justa y equitativa para los hondureños, donde se enfatiza en que las compañías cumplan con los requisitos mínimos de explotación del recurso, respeto a las decisiones de rechazo de las comunidades afectadas, prohibir la explotación a cielo abierto con el uso de cianu¬ro o cualquier otro método dañino contra la salud y la vida. Además se propone no autorizar la transferencia de la concesión ganada para que otras empresas exploten las minas, ni divisibles o gravables; la revisión de las tasas de impuestos, el acceso a la información sobre los impactos ambientales y sobre las normas y mecanismos para que no degraden, ni contaminen los recursos hídricos de las zonas de ex¬plotación de los yacimientos mineros; así como el establecimiento de expiración de las concesiones en un plazo máximo de cinco años no renovables. La lucha por una Ley de Minería digna, cuya primera prioridad sea la vida humana y no el metal, el bienestar de las comunidades y no la contaminación de sus aguas… será la lucha permanente de todas las organizaciones populares del país, quienes desde hace varios años protestamos por una Honduras mejor.
