Trascendió que la determinación del gobierno norteamericano también es extensiva para los empresarios que firmaron contratos cuestionados por sobrevaloración de bienes y servicios.
Aunque oficialmente el gobierno de Estados Unidos no ha expresado nada a cerca de tal determinación, la empresa radial HRN asegura haber recibido la información de una fuente confiable, de la cual que no mencionó su nombre.
Entre las personas afectadas por la cancelación de visas figuran además de Arturo Bendaña y de Javier Pastor, el ex Vice ministro del Trabajo, Carlos Montes, y el resto de miembros de la Junta, integrada por Humberto Lara, Hilario Espinoza, Rigoberto Durón, Leonardo Villeda, Oscar Galeano, Benjamín Bogarán, Fabricio Vásquez, Fernando Alejandro García Merino, José Manuel Espinal y Odessa Henríquez.
Funcionarios de la Embajada americana consultados por este medio digital, aseguraron que la información sobre la revocación de visas individuales son algo confidencial y la ley estadounidense no les permite realizar comentarios en relación a casos particulares.
“Sin embargo, puedo confirmar que la Embajada apoya decididamente los esfuerzos del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción pública y la impunidad”, dijo Robyn Remeika, agregada de prensa, de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Informó que en los últimos meses, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras ha revocado las visas de 35 funcionarios del Gobierno que han sido acusados de corrupción o que han presentado documentos falsos a la Embajada como parte de su proceso de solicitud de visas.
De acuerdo al primer informe de la Junta Interventora nombrada por el gobierno para investigar las irregularidades del Seguro Social, esta institución habría perdido 94.8 millones de dólares, equivalentes a casi 2,000 millones de lempiras por la sobrevaloración de contratos de compra de ambulancias, equipo médico, unidades de informática y gastos de viajes, autorizados por la administración del Instituto y su Junta Directiva.
Documentación en manos de la Junta señala que las autoridades del Seguro Social sobrevaloraron en 62.9 millones de dólares el precio de un equipo médico que compraron a la empresa DIMESA y que doblaron el costo 10 ambulancias hechizas que compraron a empresa Tecnología Médica Avanzada (TECMA). La sobrevaloración de este equipo llega a 690 mil dólares, según el informe.
El informe también revela que las autoridades del Seguro Social incurrieron en delito al sobrevalorar en 20.9 millones de dólares la compra de un equipo y un sistema de informática, que se mantiene sin funcionamiento. Y además “9.4 millones sobre-pago en proyecto de digitalización de archivos (COSEM)”, refiere el documento de la Junta Interventora.
Además detalla que a un millón de dólares con boletos sobrevalorados fueron utilizados en gastos de viajes, dentro y fuera del país.
Los empresarios
En mayo de 2011 las autoridades del seguro Social adjudicaron a la empresa DIMESA un contrato de 95,244,166.54 dólares por la compra de equipo, que posteriormente fue ampliado con 23,668,761.80 más a través de un adendum. Varios de los aparatos comprados se arruinaron antes del tiempo de vida establecido.
El informe señala que DIMESA es propiedad de Elena Larach Kafie, Shucri Kafie Larach, Luis Kafie Larach , Rosmarie Kafie Larach, Edelmira Cruz Espinal, Rosminda Avila Mendoza y Eduardo Kafie Larach, quienes también se verían afectados con la cancelación de visas.
La Junta Interventora también menciona en la sobrevaloración de contratos a los propietarios de la empresa Sistemas Abiertos beneficiada con un contrato de 35,440,222.66 dólares más un Adendum de 8,529,109.27 de dólares para la instalación de un sistema digital. La Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) con 19,775,000 dólares, ampliado con 4,931,300 dólares a para el desarrollo de 8 módulos relacionados al proyecto MOFIHSS.
De esta situación la Junta interventora responsabiliza a Jorge Daniel Herrera, Daniel Alberto Herrera, Ester Isabel Sánchez, Oscar Roberto Laínez Reina, Oscar Roberto Laínez Cornavaca, Rodrigo Laínez Cornavaca, Elena María Cornavaca Paz y a Mario Zelaya, director del Seguro Social, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Asimismo se involucra a los propietarios de la empresa Tecnología Médica Avanzada (TECMA) quienes fueron beneficiados con compra directa de 10 ambulancias sobrevaloradas en 1.378 millones de lempiras (690 mil dólares) cada una. Y a los dueños de la agencia Travel and Tours
Por las irregularidades cometidas en el Seguro Social hasta hoy solo guarda prisión, el gerente financiero, José Bertetti Osorio, quien junto a Mario Zelaya fueron acusados por la Fiscalía, de cometer los delitos de cohecho, fraude, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
Fuente: German H. Reyes R.