Boletín # 0 | Noviembre 2012
uploads/ihah.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec purus vel ante sodales condimentum. Pellentesque vel mauris at elit accumsan dictum. Mauris aliquet rhoncus purus et consectetur. Aenean congue nibh ac nisi fringilla mattis consequat enim interdum. Sed ullamcorper mauris dolor, non convallis mi.

El asesinato de Bertha Cáceres es responsabilidad del Estado: Coalición contra la Impunidad

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A continuación reproducimos de forma íntegra el comunicado de la Coalición contra la Impunidad, tras el asesinato de Bertha Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Estado responsable del asesinato

COMUNICADO

Hoy fue asesinada la compañera Bertha Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), aproximadamente a la 1 de la mañana, irrumpieron en su casa asesinándola de inmediato. Expresamos nuestra más grande solidaridad con sus familiares y el Pueblo Lenca.


Bertha Cáceres fue una lideresa de reconocimiento nacional e internacional por la defensa de su pueblo y derechos territoriales. Hace unos meses, al recibir en Washington, el premio medioambiental Goldman ella expresó: “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”.


Desde París, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), el día de ayer se pronunció sobre asesinato de 5 indígenas Tolupanes, que se cometieron hace 11 días, manifestando también su preocupación por la situación del Pueblo Lenca ante las amenazas contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) liderado por Bertha Cáceres.


La FIDH MANIFIESTÓ: “Las organizaciones expresan igualmente su alta preocupación por la población indígena Lenca. Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el 20 de febrero de este año, durante una caminata pacífica hacia el rio Gualcarque contra la implantación del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” que vulnera sus derechos territoriales, más de 100 personas fueron detenidas y hostigadas por fuerzas de seguridad. El pueblo Lenca ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y por la protección del Río Blanco. A causa de esta lucha los indígenas Lencas han sido perseguidos, al punto de obligarlos a abandonar sus territorios, han sido heridos y en esa zona durante el 2014 se asesinaron a 4 indígenas Lencas. Ataques que se encuentran en la impunidad”.


No es desconocida la complicidad de las autoridades hondureñas con las compañías extractivas en Honduras, donde las poblaciones dueñas de los territorios no importan para nada. Esta complicidad por parte del Estado para el despojo, la persecución, amenazas, asesinatos de la población indígena es repudiable. En este contexto la compañera Bertha Cáceres fue perseguida, amenazada, criminalizada al grado tal, de librarse orden de captura en su contra.


Por lo anterior las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben este pronunciamiento, responsabilizamos al Estado de Honduras por el asesinato de la lideresa indígena Bertha Cáceres.


Demandamos:

La investigación necesaria para identificar a los autores intelectuales y materiales de este vil asesinato.

No más persecución contra los pueblos indígenas.


El respeto a la vida e integridad física y psicológica de todos/as los/las defensores/as de derechos humanos, periodistas y comunicadores/as sociales.


Detener todos los procesos de la industria extractivita en Honduras, así como toda aquella acción que pretenda el despojo del territorio de los pueblos indígenas y afrondureños.


Derogar y no aprobar legislación que criminaliza la defensa de los derechos humanos.
Pronta justicia para las víctimas y familiares que se les ha violentado sus derechos humanos, no mas impunidad.


Tegucigalpa, M.D.C. 03 de marzo de 2016

Plataforma Agraria denuncia manipulación en proceso de exhumación en el Bajo Aguán

Exhumación de campesinos asesinados y el negocio palmero de Dinant

El viernes pasado (20/6) la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán difundió un comunicado, en el cual califica de “ilegítimo, turbio y manipulado” el proceso de exhumación de osamentas de campesinos, que han sido asesinados en el marco del grave conflicto agrario que ha ensangrentado esta región al noreste de Honduras.

Exhumación

La exhumación de los primeros 15 cadáveres está a cargo de la Unidad especial de investigación de muertes violentas en el Bajo Aguán, que fue creada en abril de este año por el Fiscal general Óscar Chinchilla y que está dirigida por Javier Guzmán, jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa, con el propósito declarado de esclarecer decenas de asesinatos cometidos durante los últimos 5 años y que han quedado en total impunidad.


“Ya no podemos hablar de que hay impunidad, porque se están investigando los casos. De hecho, vamos a ver resultados muy pronto”, dijo Guzmán a medios nacionales.


El sorprendente optimismo mostrado por el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Tocoa choca con la trágica realidad del Bajo Aguán, donde los intereses de unos pocos terratenientes y productores palmeros han privado a miles de familias campesinas del derecho al acceso a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.


De acuerdo con la Plataforma Agraria, detrás de esta maniobra de la Fiscalía se ocultaría la intención de satisfacer intereses mezquinos de los grandes acaparadores de tierra, limpiando su imagen a nivel nacional e internacional, para que puedan volver a tener acceso a los fondos millonarios de la cooperación.


“Es claro que el único propósito de esta Unidad especial es limpiar la imagen de Corporación Dinant ante el Banco Mundial y la comunidad internacional, criminalizando el sector campesino como lo han hecho por más de tres años”, denunciaron las organizaciones campesinas.


Los ojos del mundo centrados el Bajo Aguán


El año pasado, el Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el órgano fiscalizador interno de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial, realizó una profunda investigación en la zona del Bajo Aguán.


En su informe final evidenció la grave situación del Bajo Aguán, y pidió a la CFI suspender el desembolso de 15 millones de dólares a Corporación Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, para la expansión del cultivo de palma africana. Unas 70 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, respaldaron dicho planteamiento.


Durante los últimos años, estas organizaciones han venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán, entre otros, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el CAO en 2013 y 2014.


La denuncia de la grave crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán hizo que, el 14 de abril de 2011, la empresa EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francés de capital público EDF SA e integrante de EDF Group, renunciara a la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán a la empresa Exportadora del Atlántico SA, división agrícola de Corporación Dinant.


Esta decisión del gigante energético francés representó un segundo duro golpe en pocos días para las empresas de Miguel Facussé. Pocos días antes y después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe) decidió retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant.


“Existen casos claros de la participación de los guardias de seguridad en el asesinato de campesinos y existe desesperación por parte de Corporación Dinant en limpiar su imagen. Por lo tanto, los movimientos campesinos del Aguán desconocemos y rechazamos cualquier informe presentado por la Unidad especial de investigación, ya que conocemos su confabulación con los terratenientes”, cita el comunicado de la Plataforma Agraria.


Las organizaciones campesinas pidieron la suspensión inmediata de las exhumaciones “hasta tener el consentimiento y acompañamiento de los familiares de las víctimas, y la participación de médicos forenses internacionales propuestos por las organizaciones campesinas y los familiares”.


Asimismo, exigieron transparentar las fuentes que están financiando la Unidad especial de investigación, y denunciaron el aparato de inteligencia militar, asesorado por el Comando de Operaciones Especiales del ejército de Estados Unidos, que tiene el propósito de “seguir criminalizando la lucha de las organizaciones campesinas por el acceso a la tierra”.


Finalmente, la Plataforma Agraria hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que se mantengan en alerta ante la estrategia de manipulación que pretende hacer creer a la comunidad internacional que el asesinato de campesinos “no es producto de la represión policial, militar y paramilitar”, ni que está relacionado con los terratenientes y productores palmeros.


Fuente: Rel-UITA

El Progreso, Yoro 22 de Abril del 2013

Pronunciamiento y Demandas AIDEVISH

La Asociación Intermunicipal y Vigencia Social de Honduras (AIDEVISH) , es un espacio que articula varias organizaciones comunitarias sectoriales, municipales y regionales la cual surgió desde el año 2007.


Representa Patronatos, Codeles, Juntas de Agua, Comités de Salud, Sociedad de Madres y Padres de Familia, Grupos de Mujeres y Jóvenes, Campesinos entre otras ubicados en las comunidades más vulnerables de la margen izquierda del río Ulúa pertenecientes a los municipios, El Progreso, El Negrito, Victoria y Tela.

El 22 de abril de 1970 fue declarado día internacional de la Tierra, día en que el mundo nos brinda la responsabilidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva en la lucha para promover la armonía y el respeto a nuestra madre Tierra; todos los países estamos llamados en hacer prevalecer los principios de generadores de vida, de protección y de preservar todo lo que en ella habita.


En Honduras, estamos en una situación de emergencia nacional, por la aprobación de leyes perjudiciales y violatorias a la vida humana, a la fauna y flora, así mismo el irrespeto a la constitución de la república por los representantes del congreso nacional y el poder ejecutivo, leales al sistema neoliberal y de el capital, de las grandes transnacionales con injerencia destructiva a nuestro territorio y recursos naturales. Hoy estamos más amenazados por la explotación mineral a cielo abierto y otras formas de extracción, explotación ilegal del bosque, la contaminación industrial sin control; todo esto esta alterando los efectos nocivos del cambio climático que ahora nos obligan a luchar por cambios profundos que nos permitan revertir los efectos insostenibles, y a tener una naturaleza limpia y libre de explotación, a obligar al gobierno nacional y municipal que asuman su responsabilidad apegado a la constitución y convenios internacionales de protección y preservar la vida humana, el planeta y sus recursos naturales.


Ante lo mencionado, como organizaciones y ciudadanía articulada al AIDEVISH, que buscamos el desarrollo del municipio y las comunidades, estamos conscientes que cuando nuestro territorio y sus recursos naturales están amenazados y vulnerados también le estamos haciendo un daño a nuestra madre tierra, por consiguiente no solo ponemos en peligro el único hogar que tenemos para vivir con dignidad sino incluso nuestra futura supervivencia. Por lo tanto:


Nos dirigimos a las autoridades de la corporación municipal administrada por el señor Alexander López alcalde del Municipio de El Progreso departamento de Yoro, lo siguiente:


1. Basados en la ley de mundanalidades del capitulo III, de la corporación municipal y su funcionamiento. Específicamente en los artículos 25 inciso 2 y 9, y el articulo 33b y articulo 34. Titulo VIII de las disposiciones generales articulo 114.
A) Demandamos desarrollar un cabildo abierto y debate sobre el tema de la explotación minera, recursos naturales, la vulnerabilidad ambiental y daños al medio ambiente que afectan de forma directa al municipio y de manera concreta en algunas comunidades.


2. Conformar una comisión de seguimiento representada por personas, integrantes de organizaciones de mujeres, jóvenes, codeles, patronatos, defensoras del territorio y los bienes naturales para la vigilancia social.


3. Las organizaciones aglutinadas en la AIDEVISH, reafirmamos en este pronunciamiento nuestra posición por la defensa de la vida, el territorio y sus recursos naturales:
A) A que no permitiremos la explotación minera, la privatización del agua y concecionamientos de la riqueza natural de este municipio de El Progreso; Sin ser debatidos en cabildo abierto, por consiguiente demandamos el compromiso del alcalde Alexander Lopez y la corporación municipal, a pronunciarse y declarar mediante documento firmando la declaratoria de un municipio libre de explotación minera de concesiones hidroeléctricas y del agua para consumo humano y todo aquello que sea de bien publico.


Dejamos constancia de nuestro pronunciamiento y demanda a los 22 días del mes de abril del año 2013, día de la Tierra.