Comunicado de la Convergencia de los DD.HH de la zona norocccidedental

PRIMERO: Reconocemos que el comercio y las inversiones es una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, pero sólo si se realiza en un plano de igualdad real, si se toma en cuenta las condiciones de cada país y sobre todo, si se constituye en un medio para lograr el bienestar general mediante el respeto y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

SEGUNDO: Manifestamos nuestra preocupación en relación con este evento ya que representa la profundización de la aplicación del Programa Nacional de Promoción de Inversiones Honduras 2010-2014 que trae consigo un profundo proceso de reformas jurídicas e institucionales que debilita aún más la institucionalidad del Estado y pone en mayor precario las condiciones ambientales, sociales, económicas y laborales de millones de hondureños y hondureñas.

TERCERO: Denunciamos que en el marco de este programa, el régimen de Lobo Sosa ha establecido y adoptado una Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas por encima de los intereses y derechos de la persona humana; legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública; legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales; y criminaliza con mayor crudeza la protesta social pacífica que se opone a esta visión de desarrollo que prescinde de la dignidad humana.

CUARTO: Demandamos a los países desarrollados que asuman seriamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus empresas que desarrollan o tienen relaciones económicas y comerciales con países empobrecidos como Honduras, respeten las normas internacionales de derechos humanos, sobre todo las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.

QUINTO: Exigimos al régimen de Lobo Sosa, a los organismos financieros internacionales y a las empresas involucradas en este proceso, evaluar seriamente su incompatibilidad con la obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos pues su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado y contravenir lo señalado por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el sentido de que “instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección [de los derechos humanos] influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones”.

SEXTO: Ratificamos que no estamos en contra del desarrollo del país pero exigimos que el mismo tenga lugar en condiciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y la dignidad humana, y que en caso de ejecutarse acciones que atenten contra ellos, tanto el Estado como las empresas son responsables y ambos tienen la obligación de corregirlas.

SÉPTIMO: Manifestamos nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas políticas y legales que nos brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas al debido proceso, la transparencia, el monitoreo de los programas de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, y la consulta y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y la explotación de recursos, con el objetivo de exigir que el Estado hondureño y los actores no estatales cumplan con la obligación de respetar las normas universales e interamericanas de derechos humanos.

Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental

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