A través de esta ley, se conformó una comisión especial, integrada por representantes del INA, organizaciones campesinas y de la Fenagh, misma que tendrá la responsabilidad de revisar y redactar un listado oficial de los expedientes que se encuentran engavetados y que constituyen la mora agraria. Un aproximado de 800 expedientes estan en esa situación. El decreto establece que, las tierras que estén contenidas en los expedientes no resueltos en el INA, rurales o urbanas, de naturaleza jurídica privada, nacional, ejidal o fiscal, cuya vocación sea agrícola, ganadera o agroforestal, serán afectadas y declaradas expropiadas o recuperadas de pleno derecho, por causa de necesidad pública e interés social, previo pago de indemnización justipreciada mediante bonos de la deuda agraria.
